Unión Interparlamentaria analiza situación legislativa colombiana
El Congreso y la polarización
Por: Redacción Política
Según un organismo internacional, los congresistas han sido los principales damnificados del choque entre la Corte Suprema y la Presidencia de la República.
El ex senador Álvaro Araújo El caso del ex senador Álvaro Araújo fue uno de los analizados por la UIP.
“Expresamos una inmensa preocupación por las enormes facultades que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Si los colombianos decidieron dárselas, es un acto soberano, pero nuestra mayor inquietud es que en medio de la puja tan fuerte que hoy existe entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, con el tema de la reelección presidencial de fondo, los que quedaron en la mitad de la pugna son los legisladores”.
Estos comentarios fueron emitidos el miércoles por la vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP), la senadora mexicana Rosario Green, quien encabeza una delegación de este organismo internacional de visita en Colombia. La misma congresista, además presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México, formó parte de una misión que el pasado mes de agosto adelantó una revisión del estado actual del Congreso colombiano y sus legisladores.
Producto de esta misión quedó un documento de 21 páginas, conocido por El Espectador, y base del seminario internacional “La protección y el fortalecimiento del trabajo de los congresistas y del Congreso como institución”, que se realiza hasta hoy en el Capitolio. Precisamente ayer se debatió el controvertido asunto de la inmunidad parlamentaria, que constituye uno de los aspectos neurálgicos para la UIP.
Durante la misión de la Unión Interparlamentaria que se realizó entre el 22 y el 24 de agosto, tres delegados de la UIP se entrevistaron con autoridades gubernamentales, parlamentarias y judiciales, así como representantes de las Naciones Unidas y de las organizaciones de Derechos Humanos para concluir que hay temas determinantes para la democracia nacional que hoy están sometidos a una polarización política que no deja ver su incidencia.
En particular, la UIP advirtió que comparte la necesidad de que en el caso de los parlamentarios sujetos a investigaciones judiciales debe existir total separación entre quienes dirigen la investigación y quienes dictan el juzgamiento. Además, señaló que la inmunidad parlamentaria existe en todas las legislaciones del mundo, pero en Colombia es considerada como opción para la impunidad, lo cual induce a que los congresistas, en su criterio, no gocen de un juicio justo.
En este sentido, el organismo cuestionó lo que está sucediendo hoy con los procesos de la llamada parapolítica. Según la delegación, no es claro el giro jurisprudencial que dio la Corte para recobrar las investigaciones de los congresistas que habían renunciado a su fuero, pues en su parecer “este dictamen puede no tener un motivo estrictamente jurídico”, por lo cual le pide a la Corte Suprema de Justicia que reconsidere su posición.
La UIP le otorgó un análisis especial al caso del ex senador Álvaro Araújo Castro, cuyo proceso estaba a punto de concluir en un juzgado, cuando la Corte Suprema decidió retomarlo. El organismo cree que el efecto es “particularmente nefasto”, recordando de paso que la Procuraduría pidió que se declarara la nulidad de esa decisión. Hoy, el Comité de Derechos Humanos de la UIP también solicita que se examine formalmente este caso.
Aunque la UIP examinó casos de impunidad en el asesinato de congresistas de la Unión Patriótica o de Luis Carlos Galán, entre otros, también destacó el capítulo particular del representante del Polo Wilson Borja, blanco de un atentado en 2000, sin suficientes conclusiones sobre sus autores materiales e intelectuales, y la forma como ha sido estigmatizado por autoridades y objeto de poco sustentadas investigaciones judiciales por presuntos nexos con las Farc.
La Unión Interparlamentaria, creada desde 1889, con calidad de observador permanente por concesión de la ONU a partir de 2002, espera que sus observaciones sean tenidas en cuenta y que además de garantizar juicios justos a los congresistas, o que no sean blanco de una polarización entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, se examine también la inviolabilidad del voto de los congresistas, “piedra angular de la democracia representativa”.
Redacción Política EL ESPECTADOR
martes, 1 de diciembre de 2009
martes, 3 de noviembre de 2009
domingo, 1 de noviembre de 2009
LAS MENTES PEQUEÑAS
Las mentes pequeñas
Mauricio Vargas
Las mentes pequeñas están de moda. En su simplismo oligofrénico, todo lo reducen a blanco y negro. Un magistrado de la Corte Suprema considera que si un columnista critica una decisión del alto tribunal es que le está haciendo un favor al Presidente. No importa si ese mismo columnista, llámese María Isabel Rueda o Mauricio Vargas, se opone a la segunda reelección y cuestiona decenas de decisiones del Primer Mandatario. Si ataca a la Corte, piensa esta mente limitada y lo repite en distintos escenarios, le está haciendo un servicio a Álvaro Uribe.
Por cierto, entre algunos colegas con el alma encendida por la polarización, la vista corta también se impone: si critica a la Corte, es uribista. Qué importa si también critica a Uribe. Y del otro lado, lo mismo: si critica a Uribe, es un izquierdoso infecto, agente de Hugo Chávez y de las Farc. Como ha dicho Gabriel García Márquez tantas veces: en Colombia no hay opinión pública sino hinchas.
En el Gobierno, las mentes pequeñas están mandando más de la cuenta. Han convencido a Uribe de que si no consigue designar un Fiscal General enteramente suyo, de bolsillo, no sirve. Eso piensa el ministro del Interior, Fabio Valencia. Algo de razón les cabe a los magistrados de la Corte cuando piensan que Valencia, cuya familia tiene tantos líos judiciales, debería apartarse de este asunto, porque la sospecha obvia es que, más que buscarle un Fiscal General a Uribe, se lo está buscando a sus familiares.
Pero es que la Corte también se ha equivocado. Inició, con los mejores augurios, las investigaciones contra los parapolíticos, un cáncer que el país necesitaba erradicar. Pero muy pronto esa ofensiva judicial tan urgente se convirtió en una cruzada política contra Uribe -que les casó pelea, craso error- y algunos magistrados convirtieron los dichos de Mancuso y sus secuaces en verdad absoluta, sin las debidas comprobaciones, sin el rigor investigativo, sin el equilibrio y la ponderación que deben caracterizar a un juez. Eso llevó a que, en las redes de la investigación por la parapolítica, cayeran varios inocentes y que, de paso, algunos de los más cercanos amigos de Mancuso y de sus socios, tan amigos que ellos no los mencionan, quedasen libres de culpa. Todo porque las investigaciones se limitaron a los testimonios de los hampones. Nada más.
A todo esto se suma el hecho de que algunos magistrados de la Corte olvidaron la altura que les impone su dignidad. A más de dejarse homenajear y hacer regalos de oscuros personajes, de un tiempo para acá algunos magistrados se pronuncian más en los medios, en actos públicos, en visitas y reuniones medio privadas, medio públicas, que en el escenario esencial donde deberían hacerlo: en sus fallos.
Reitero lo que he dicho en decenas de columnas: esta pelea entre la Corte Suprema y el Presidente es una comedia de equivocaciones en la que, de lado y lado, ha primado la insensatez. Y esa comedia se convierte en tragedia, porque se lleva al país por delante. El viernes pasado, un noticiero de televisión reveló que las autoridades del Reino Unido y de Estados Unidos, las que mayor cooperación judicial le prestan a Colombia, suspendieron dicha colaboración mientras continúe la interinidad en la Fiscalía. Ese es solo un ejemplo del daño.
Está claro: la Corte no va a elegir Fiscal con base en la terna presentada por Uribe. Y mientras no lo haga, la Fiscalía va a seguir interina, con todo lo malo que ello tiene. Por eso, el Presidente debería reconsiderar los tres nombres propuestos que ya han sido rechazados por los magistrados. Algunos dirán que eso le queda mal a la Corte. Pero aún así, es al Presidente a quien le corresponde destrabar el enredo. Si lo hace, sería una verdadera noticia, pues indicaría que no toda la sensatez está perdida en tan altas esferas.
Mauricio Vargas
Comentarios:
Pie de Nota de Maria Isabel Rueda en:
ELTIEMPO.COMColumnistas
Respuesta a una pregunta de ascensor.
Columnistas
Domingo 1 de noviembre de 2009
Respuesta a una pregunta de ascensor.
PD.
SE ME OLVIDA. Nunca, en los 34 años que vengo ejerciendo la libertad de expresión en el noble oficio del periodismo, me ha sucedido que un magistrado o un juez objete la publicación de mis opiniones. Quedo notificada de que eso ocurrió hace quince días, cuando cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por su presidente, aprovecharon una visita de cortesía al director de este periódico para quejarse de dos de sus columnistas, Mauricio Vargas y yo, a quienes consideran "quintacolumnistas" de los intereses del Presidente de la República. Ambos hemos sido críticos de recientes decisiones de la Corte, especialmente de la de mantener la interinidad en la Fiscalía. Hasta hoy, emitir ese tipo de críticas ha sido una alternativa libre y legítima en este país. Por lo cual espero que la irrespetuosa descalificación de los magistrados haya sido fruto de un acto de torpeza y no de arrogancia judicial. Sería un campanazo contra el ejercicio de la libertad de prensa en Colombia, de repercusiones nacionales e internacionales.
María Isabel Rueda
miércoles, 28 de octubre de 2009
Santos, comandante de las Auc - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM
MARIA ISABEL RUEDA
OCTUBRE 24 DE 2002
Qué desperdicio tan lamentable el de nuestro aparato judicial.
Porque, desde luego, cualquiera que conozca a Pacho Santos sabe que la investigación que se acaba de reabrir, después de estar archivada por insustancial, sobre su condición de comandante en jefe de un frente de las Auc, terminará en un chorro de babas. Eso sí, quién sabe dentro de cuánto tiempo. Por ahora lo enredan actuaciones pasadas en las que lo metió su carácter de eterno niño hiperactivo, incapaz de un acto de malicia. Pero antes de que esto termine se les habrá infligido al país, a los colombianos, al Gobierno y a la persona de Santos un daño nacional e internacional difícilmente reversible.
Les resumo en cortico. Cuando el señor Mancuso relata que, en una reunión, el entonces periodista Pacho Santos le sugirió al paramilitar Carlos Castaño la creación del 'Bloque Capital' de las autodefensas, el propio Santos le pide a la Fiscalía abrirle una investigación.
En el proceso, Mancuso se retracta de la gravedad de la conversación, calificándola de "chanza", de "chiste". Alias el 'Alemán' asegura haber estado en una reunión distinta, en la que solo escuchó hablar del "ensuciamiento de la guerra" y de la situación de los secuestrados. Por su parte, 'Jorge 40' se ha negado hasta el día de hoy a dar declaración alguna sobre reuniones semejantes.
Ante tan pobre evidencia sobre el papel de Pacho Santos como ideólogo de las autodefensas, el Fiscal ordena archivar la investigación, argumentando como hecho notorio que Santos se reunió con Castaño en su condición de periodista formador de opinión, comprometido con la suerte de los secuestrados.
Apela la decisión del Fiscal el señor Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Andina de Juristas. En nombre de las víctimas, toma estrafalariamente partido a favor del victimario, el señor Mancuso, otorgándole toda credibilidad a su primera versión. Aunque el doctor Gallón posa de ser un desinteresado defensor de derechos humanos ante el sistema interamericano de justicia, en el fondo no es sino un abogado litigante más, que cobra porcentaje en dólares sobre las indemnizaciones con las que los tribunales internacionales condenan al Estado colombiano.
¿Quién acepta la apelación? El nuevo vicefiscal interino, doctor Hernando Pareja. Según la revista Cambio, aparece en ese cargo recomendado por la Sala Penal de la Corte para mantener, pensaría alguien más malpensado que yo, la interinidad en la Fiscalía el mayor plazo posible. Al punto de que esos mismos malpensados sostienen que es tal la influencia de la Sala Penal sobre el esquema interino de la actual Fiscalía, que el Fiscal es en realidad el magistrado Francisco Ricaurte, quien detesta al Presidente porque lo culpa de haberlo mandado a requisar como a cualquier particular a la entrada de un acto público.
Según Cambio, es muy coincidencial que este Vicefiscal interino acepte la apelación el mismo día en el que se hace evidente que el Presidente no incluirá su nombre, ni el del Fiscal interino, en la terna para elegir Fiscal en propiedad. Para nadie es un secreto que ambos aspiraban.
¿Con base en cuáles argumentos concede el doctor Pareja la apelación? En que falta recibirle la declaración a 'Jorge 40', porque nunca la quiso dar y aunque sea probable que no la dé nunca. Y en que 'don Berna' ha anunciado que tiene algo muy importante que decir, solo ahora que está extraditado, condenado por la justicia norteamericana y odiando al Gobierno de Colombia por la decisión de mandarlo allá a purgar una pena de verdad, en una cárcel de verdad. Alístense: 'don Berna' es capaz de decir cualquier cosa. No tiene nada que perder, y muchas cosas por vengar.
¿Pero quieren oír lo más sorprendente? El vicefiscal interino Pareja acepta abrir el proceso por paramilitarismo contra Francisco Santos, previa advertencia de que "hasta este momento procesal, las particularidades del caso convergen en la demostración de la atipicidad de la conducta atribuida al doctor Santos Calderón" (página 11 de la decisión). Es decir, que aunque no hay ni delito, ni indicio de delito, se desarchiva el proceso de Pacho y se continúa la investigación.
Hoy, el pescuezo del Vicepresidente de Colombia está al arbitrio de lo que unos paramilitares envenenados contra el Gobierno que los extraditó quieran decir en su contra. A diferencia del Presidente, Santos carece de fuero, por lo que, con un solo estornudo, la decisión de un fiscal o un juez podrá mandarlo tras las rejas. Si depende del jurista Gallón, se les otorgará toda la credibilidad a los victimarios y se cobrará una comisión en dólares. Si depende del vicefiscal recomendado por la Corte, buena zurda en el ring de boxeo que tienen armado el presidente y su Sala Penal. Y si depende de la oposición, he aquí un excelente talón de Aquiles de este Gobierno, aunque el que esté de por medio sea el país.
¡SE ME OLVIDA! Qué buen periodismo se está haciendo en El País de Cali. Barrió con los premios Simón Bolívar.
María Isabel Rueda
¿La Corte Suprema es pasión? - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM
MAURICIO VARGAS
Septiembre 27 de 2002
No soy admirador del procurador Alejandro Ordóñez. No me gusta su beata religiosidad ni su godísimo discurso en temas como el aborto. Pero se ganó el puesto en franca lid, con las reglas del juego de nuestra imperfecta democracia. La Corte Suprema ha resuelto investigarlo disciplinariamente por la forma como indagó la participación del ex ministro Sabas Pretelt y del ministro Diego Palacio en el caso de la 'Yidispolítica'.
Se trata de un caso nauseabundo, donde asomaron los peores vicios de nuestro sistema político: la compra de los votos de los congresistas, la entrega de notarías y demás asquerosas costumbres de este y otros gobiernos. La indagación se basa casi exclusivamente en el testimonio de Yidis Medina, que contiene verdades, mentiras y exageraciones, como ha salido a la luz. El Procurador no encontró méritos para procesar a los ministros y eso, dentro de las diferencias de interpretación que suelen darse en el campo jurídico, puede gustar o no gustar. Pero fue su valoración de las pruebas recabadas, del mismo modo que la Corte creyó que no había motivos para enjuiciar a los congresistas de la 'Farcpolítica', a pesar de que el computador de 'Raúl Reyes' arrojaba indicios muy fuertes.
No creo que la Corte, que convirtió a Yidis Medina en una especie de profeta reveladora de la verdad absoluta, lo investigue por eso. Acaso lo hace porque Ordóñez no se ha alineado con el alto tribunal en la campaña que este emprendió contra el presidente Álvaro Uribe, en un choque de trenes donde las equivocaciones han sido de lado y lado, pues así como a la Corte se le ha ido la mano, Uribe y sus colaboradores han gruñido y le han echado carbón a la locomotora.
La Sala Penal de la Corte inició en el 2006 valientes investigaciones contra políticos aliados con paramilitares y ordenó detener y procesar a una docena. Fue un arranque alentador. Pero, por el camino, se apasionó -algo que jamás debe ocurrirle a un juez- y algunos de los magistrados se pusieron la armadura de los cruzados en contra de Uribe.
En ese y otros campos, Ordóñez ha expresado sus desacuerdos con la Corte. No comparte el cambio de jurisprudencia en el caso del fuero de los congresistas. Y tal vez tenga razón: hasta el más hampón de los congresistas tiene derecho a que lo juzguen con reglas definidas y que no se las cambien a mitad del proceso. El problema de la Sala Penal es que dijo hace unos meses una cosa -que los congresistas que renunciaran a sus curules serían procesados por la Fiscalía y los jueces- y ahora dice otra -que en todo caso los juzga la Corte-, y ese giro abrupto y en tan poco tiempo empaña su credibilidad.
Ordóñez tampoco está de acuerdo con que magistrados auxiliares de la Corte viajen a las cárceles de Estados Unidos a sostener charlas informales con los paramilitares. Él cree que deben ser diligencias judiciales con todas las reglas, y con la presencia de un delegado de la Procuraduría. Y tiene razón, porque ya hemos visto casos en que magistrados auxiliares tratan de manipular testigos, de inducirlos con unas cervezas encima de la mesa. Hay motivo suficiente para desconfiar y para exigir que esas diligencias se lleven a cabo con todas las garantías.
Los magistrados de la Suprema deben reflexionar. No pueden seguir dándole al país la impresión de que la emprenden contra todo aquel funcionario que exprese su desacuerdo con la forma como el alto tribunal maneja determinados casos. Estar entre los más altos magistrados de la nación implica una responsabilidad: mantener la cabeza fría y juzgar con base en las pruebas, no con base en los sesgos y el acaloramiento. De lo contrario, al alto tribunal le va a venir como anillo al dedo el lema con que Colombia promociona su imagen en el exterior: la Corte Suprema es pasión.
Mauricio Vargas
jueves, 1 de octubre de 2009
La Corte desbordada
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| Ibagué, Colombia - Jueves, 01 de Octubre del 2009 | | |
FRANCISCO JOSÉ MEJÍA
Los colombianos estamos asistiendo a un golpe de Estado disfrazado, pero tan contundente como los tradicionales. Esta ruptura constitucional proviene de la Corte Suprema de Justicia. La Corte dejó de lado hace tiempo su misión constitucional de administrar justicia al más alto nivel y se dedicó a hacer oposición política. Se ha salido la Corte de los cauces constitucionales constituyéndose en una especie de cañón suelto que dispara sus cargas de profundidad contra nuestra democracia dejando en su camino muchas víctimas de su odio visceral.
Cada proceder de la Corte es más audaz y temerario que el anterior; cada vez se mancilla más nuestro Estado de Derecho. Hasta el más terrible criminal tiene derecho a que se le respete el debido proceso y la seguridad jurídica, valores estos que han sido vilipendiados por la Corte al cambiar de jurisprudencia y además hacerla retroactiva en cuanto a su competencia sobre los congresistas que habían renunciado a sus curules para acceder a la doble instancia. No acabábamos de salir del asombro por tan artero ataque al ordenamiento jurídico cuando la Corte se ha pronunciado, ya con sevicia, diciendo que los acusados por parapolítica, es decir por recibir supuestos beneficios electorales de los paras, también serán condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasara por las mentes de estos impostores de la justicia? Tal vez, evocando a Laureano, quien se asome a su alma verá que allí asustan.
En Colombia, hay tres actores confabulados contra el Gobierno que están destruyendo nuestro Estado de Derecho. Ellos son la mafia, algunos sectores de la oposición y la Corte Suprema. El siniestro aparato funciona de la siguiente manera: Para que una justicia politizada proceda a judicializar la política, necesita de un cómplice acusador, este lamentable papel lo han hecho algunos opositores, pero el más conspicuo ha sido Germán Navas del Polo. Este contubernio malévolo ha dado resultados como la deplorable investigación que abrió la Corte sobre los representantes que votaron el referendo. Por el lado del maridaje mafia-Corte Suprema, la situación es peor, los paramilitares extraditados juraron venganza al presidente Uribe, por ser el único Presidente que se ha atrevido a enfrentarlos y desmontar sus estructuras criminales, y en ese propósito hacen causa común con la Corte. De tal suerte que se pretende enviar a Estados Unidos al magistrado Velásquez, para que preparen, conjuntamente con Mancuso y compañía, la venganza prometida. De este descarrilamiento de la justicia solo queda dolor, injusticia e impunidad como puede constatase con los casos de la FARC política.
El Tolima ha puesto su cuota de dolor en esta ruptura constitucional. El senador Carlos García está injustamente detenido por el falso testimonio de unos bandidos que desde la cárcel extorsionaban a funcionarios y políticos bajo la amenaza de sus testimonios, que tanta credibilidad merecen para la Corte Suprema. Carlos, como muchos otros, es un preso político como los hay en Cuba o en Venezuela, hecho este que avergüenza nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Hace poco, la Fiscalía absolvió al ex congresista Gonzalo Garcia, quien había sido acusado por los mismos testigos que señalan al senador García, lo propio le corresponde hacer ahora a la Corte Suprema, si es que queda algo de sindéresis, decoro y decencia en ella. El tribunal de la historia, en cuyo crisol se cristaliza la verdad prístina, absolverá a Carlos García y será implacable con la corte que quebranto nuestro Estado de Derecho cubriendo de dolor y desesperanza a tantos inocentes y sus familias.
jueves, 17 de septiembre de 2009
La Terna EL TIEMPO - Editoriales
EL TIEMPO - Editoriales
jueves 17 de septiembre de 2009
jueves 17 de septiembre de 2009
La terna rechazada
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la terna de aspirantes a la Fiscalía General de la Nación, remitida por el presidente Álvaro Uribe, causa otro choque de trenes con imprevisibles consecuencias jurídicas y políticas. El alto tribunal consideró, por primera vez desde 1991, que la lista de candidatos no cumplía con los requisitos para el cargo y, por esta razón, tomó una determinación polémica.
Tras seis reuniones en casi dos meses de deliberaciones, los magistrados optaron por un camino sin antecedentes, que sobrepasa cualquier escenario. Al devolver esta tripleta de nombres -los de los abogados Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe-, la Corte se aventura a sentar jurisprudencia en un tema muy espinoso. Esto significa que se fortaleció la polémica tesis de que, a pesar de que los integrantes de la baraja satisfacían los mínimos legales para aspirar al cargo, los cuestionamientos a algunos candidatos o la ausencia de un especialista en derecho penal atentaba contra una decisión correcta.
Por tal razón, es evidente que la corporación decidió ir más allá de la labor mecánica de escogencia del nuevo Fiscal e introducir otros aspectos e interpretaciones, cuya validez está en entredicho. No es claro, por ejemplo, que los magistrados tengan la atribución legal para ejercer de hecho un poder de veto. Esto, sumado a la reciente decisión de que algunos de los casos de la 'parapolítica' regresen de la Fiscalía, deja la impresión de la proclividad de la Corte a ir cambiando las reglas del juego en mitad del camino. En resumen, la típica actitud que alimenta el ataque de los críticos que asemejan el tribunal a un "partido de oposición" contra el Gobierno vuelve a ser obvia.
Es lamentable, en todo esto, la derrota del bloque de magistrados que impulsaban una designación rápida del Fiscal que detuviera el desgaste institucional que han implicado estas discusiones. Por cuenta de la larga demora, han crecido una serie de inconvenientes acusaciones a la Corte, de beneficiarse burocráticamente de la interinidad en la Fiscalía. Si bien estos rumores no han sido comprobados, la oportunidad de quitarles de un tajo todo fundamento se perdió ayer con el rechazo de la terna. Se inicia así una nueva ronda de enfrentamientos entre dos poderes públicos. Por un lado, los magistrados no aceptan escoger al sucesor de Mario Iguarán, mientras que, por el otro, el Gobierno afirma que la mantendrá porque se ajusta a la ley. Así, queda creada una sinsalida cuya gran damnificada es la Fiscalía, una institución básica para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. El limbo que hoy aqueja a esta elección se traslada automáticamente a cruciales procesos, investigaciones y decisiones de la entidad y altera la imprescindible estabilidad de la administración de justicia.
Sin embargo, apegarse a la letra de la ley no disculpa al Ejecutivo de haber integrado una terna envuelta en la polémica. Sea por una débil hoja de vida, por graves denuncias de manejo de influencias o por una impresentable cercanía al Gobierno, ninguno de los tres aspirantes contaba con unas credenciales intachables para convertirse en el nuevo Fiscal. Abiertamente, la Casa de Nariño ignoró que, en las actuales circunstancias, la independencia y autonomía serían requisitos más apremiantes que los mínimos estipulados en las normas. En medio de las investigaciones contra miembros de la coalición oficialista y altos funcionarios gubernamentales, un fiscal demasiado cercano sigue siendo la menos aconsejable de las opciones.
El nuevo pulso entre el Ejecutivo y la Corte Suprema no tiene solución sencilla. O el Presidente reintegra una nueva terna o los magistrados se echan para atrás en su rechazo. Mientras eso se define, la política criminal queda en una lamentable y peligrosa interinidad.
miércoles, 16 de septiembre de 2009
LA JUSTICIA POLITICA
REVISTA SEMANA Sábado 12 Septiembre 2009
Por Alfredo Rangel
La Corte estaría violando al menos dos principios fundamentales del derecho procesal a los parlamentarios acusados.
En el primer caso la juez argumentó que no se había respetado los derechos procesales del supuesto guerrillero capturado, aun cuando las evidencias no dejaban lugar a dudas de que esa persona podría tener un vínculo directo con la guerrilla. Al parecer, se había interrogado al capturado sin la presencia de un abogado y no se le habían formulado cargos dentro de los plazos legales. Por estas razones su abogado de oficio argumentó luego que la captura era ilegal y amenazó con demandar a las Fuerzas Militares por secuestro. El mundo al revés: quien podría ser cómplice de secuestro acusa a la fuerza pública de secuestrarlo. El secuestrador secuestrado, hubiera sido el título de esa opereta. No obstante la natural indignación que esto produjo en amplios sectores de la opinión pública, debemos reconocer que la juez seguramente actuó conforme a las normas del procedimiento penal que otorga garantías para su defensa a cualquier acusado, por horrible que sea el crimen del que se le acuse. Es el derecho de cualquier ciudadano a ser procesado según las normas preexistentes, a contar con un abogado que lo asista, a conocer los cargos que se le imputan, a ser juzgado con la ley más favorable, entre otras garantías.
Por Alfredo Rangel
La Corte estaría violando al menos dos principios fundamentales del derecho procesal a los parlamentarios acusados.
Esta semana el país ha sido testigo de dos hechos que representan la paradoja de la justicia en Colombia: benevolente con quienes están al margen de la Ley, y dura con quienes están dentro de las normas de la democracia. Una juez liberó a un supuesto guerrillero que portaba las infames pruebas de supervivencia de los secuestrados por las Farc, y la Corte Suprema de Justicia cambió de la noche a la mañana su propia jurisprudencia para juzgar a los parlamentarios, con lo que deteriora sus derechos procesales.
En el primer caso la juez argumentó que no se había respetado los derechos procesales del supuesto guerrillero capturado, aun cuando las evidencias no dejaban lugar a dudas de que esa persona podría tener un vínculo directo con la guerrilla. Al parecer, se había interrogado al capturado sin la presencia de un abogado y no se le habían formulado cargos dentro de los plazos legales. Por estas razones su abogado de oficio argumentó luego que la captura era ilegal y amenazó con demandar a las Fuerzas Militares por secuestro. El mundo al revés: quien podría ser cómplice de secuestro acusa a la fuerza pública de secuestrarlo. El secuestrador secuestrado, hubiera sido el título de esa opereta. No obstante la natural indignación que esto produjo en amplios sectores de la opinión pública, debemos reconocer que la juez seguramente actuó conforme a las normas del procedimiento penal que otorga garantías para su defensa a cualquier acusado, por horrible que sea el crimen del que se le acuse. Es el derecho de cualquier ciudadano a ser procesado según las normas preexistentes, a contar con un abogado que lo asista, a conocer los cargos que se le imputan, a ser juzgado con la ley más favorable, entre otras garantías.
Seguramente los miembros de los organismos de seguridad del Estado que capturaron al supuesto guerrillero no respetaron a plenitud los derechos del incriminado.Pero lo paradójico es que las garantías que justamente ofrece una modesta juez a un sospechoso de terrorismo no las ofrece el máximo tribunal de la justicia colombiana, la Corte Suprema de Justicia, a los representantes del pueblo en el Congreso de la República que están siendo acusados de haber violado la Ley. En efecto, hace sólo dos años esa Corte había aceptado que los parlamentarios podían renunciar a su investidura para ser juzgados por la justicia ordinaria y no por dicha Corte, como lo establece la ley para el conjunto de los parlamentarios. Pero ahora, de manera tardía y contradictoria, la misma Corte echa para atrás su propia jurisprudencia y sentencia que los parlamentarios no pueden renunciar a su fuero y que en todos los casos deben ser juzgados no por la justicia ordinaria, sino por la propia Corte Suprema, que al mismo tiempo los investiga y los juzga, es decir, es simultáneamente juez y parte, y cuyas sentencias no pueden ser revisadas por ningún otro juez, o sea, son inapelables.
El caso es que muchos parlamentarios, inocentes o culpables, habían optado por renunciar a sus investiduras y a su fuero, puesto que apreciaban que la justicia común les ofrecía las garantías procesales que les negaba la Corte Suprema, entre ellas, la principal, la doble instancia, y, además, la separación de las funciones de investigación y juzgamiento en dos entes distintos, como garantía de imparcialidad y objetividad en la investigación y en el juicio. Sobra decir que estos elementales derechos procesales son reconocidos a todos los ciudadanos del país: el derecho a apelar la sentencia ante una instancia superior, y a que quien investigue sea distinto del que juzgue.
Con esta decisión la Corte estaría violando al menos dos principios fundamentales del derecho procesal a los parlamentarios acusados: la no retroactividad y la favorabilidad de las normas. Independientemente de que alguien sea culpable o inocente, tiene derecho a ser procesado según las normas vigentes y no con las que vayan apareciendo por el camino. También tiene derecho a ser juzgado con la norma que le sea más favorable. Esto es un derecho tan elemental como la presunción de la inocencia.
Todos estos principios y derechos son universales, están vigentes en todos los países democráticos del mundo y hacen parte de los tratados internacionales firmados por Colombia.¿Qué explica este comportamiento de la Corte, precisamente en este momento? Pues que la Corte se ha convertido en un partido de oposición al gobierno y ha tomado la decisión política de enrarecer el ambiente del referendo que posibilitaría una segunda reelección del presidente Uribe. Muy seguramente va detrás de la captura, el procesamiento y la condena del primo del Presidente, el ex senador Mario Uribe, buscando el negativo impacto mediático que eso podría ocasionarle al referendo y a una segunda reelección de Uribe. Amanecerá y lo comprobaremos.
viernes, 28 de agosto de 2009
COJEA PERO NO LLEGA
EL NUEVO DIA
Ibagué, Colombia - Viernes, 28 de Agosto del 2009
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AL OÍDO DE LOS TOLIMENSES
CAMILO A. GONZÁLEZ PACHECO
Con Carlos García, con quien nos diferenciamos en las mil y una concepciones de la política y de su ejercicio, nos ha ligado hace ya bastante tiempo, una fraternal amistad.
De ahí, que de cuando en cuando, necesariamente tengamos que registrar con preocupación, esa lenta y dolorosa agonía procesal, que no termina y en la que esta sumido, alejado del mundanal ruido de la política nacional y regional, y dolorosamente privado de la libertad. Ese duro sacrificio existencial que aún padece, y que esperamos solucione pronto favorablemente, constituye en verdad, una prueba de fuego en la vida de cualquier persona, y mucho más en él que se ha movido con bastante propiedad en las altas esferas del poder y de la sociedad.
Pero, asombra –como dicen los abogados litigantes- conocer el acervo probatorio sobre el cual se sustenta la medida que lo priva de la libertad, y aún más, que otorgó mérito para iniciar dicha investigación penal. Tuve la oportunidad, la semana pasada, de comentar con alguno de sus asesores, varias piezas del citado material probatorio, y con inmenso respeto, el manto de dudas sobre los testimonios que lo conforman, y la calidad de hampones de los declarantes, hacen increíbles sus amañadas versiones.
Sin embargo, será sólo la autoridad competente, la que decida en su sabiduría las cuestiones de fondo del proceso.Lo anterior no obsta, para establecer en este tipo de situaciones por demás especiales, tanto por lo personajes como por los hechos, la necesaria contraposición que se presenta entre la verdad verdadera y la verdad procesal. La verdad verdadera, para este caso, nace de la realidad particular de nuestra región, del conocimiento directo de la persona, de su estilo, de la manera de ser y de comportarse, del día a día, de lo cotidiano. En ese sentido afirmar que Carlos García pactó con paramilitares apoyo electoral a partir de establecer un contubernio directo con dichos criminales, para delinquir, negociar y beneficiarse, resulta a todas luces inverosímil. Conociendo su manera de ser –no precisamente de extremada modestia, humildad y sencillez- la absurda acusación según la cual García, se reunió para esos efectos, en la tienda destartalada de una polvorienta y calurosa vereda del Guamo, debajo de un palo de mango, tomando gaseosa al clima a pico de botella, sentado en banco de madera sin pulir, sin ventilador, sin hielo ni servilletas, y rodeado de más de quince escoltas, para pactar votos y dinero frente a una debate electoral, es a todas luces un relato increíble y mentiroso. Absurdo imaginar siquiera tanta humildad e imbecilidad en tan altanero Senador.
Por otra parte, a García sus contradictores lo pueden acusar de manzanillo, clientelista, electorero -vaya y venga- pero jamás lo han sindicado de criminal. Esa es la verdad verdadera.Esperemos entonces, que más temprano que tarde, la verdad procesal armonice con la verdad verdadera, y García pueda regresar pronto a nuestra región, así sea ayudando a levantar las nefastas banderas de la reelección presidencial, que creo le deben apasionar. Mientras tanto, valga la pena enviarle el abrazo fraternal de siempre.
Comentario:
Lo asombroso como lo dijo Maria Isabel Rueda es que los exparamilitares presos en la cárcel de Picaleña dijeron que se habian bebido 4 millones de pesos en cerveza en una tarde con el Senador García - y no gaseosas como dice el columnista- Nadie puede creer que el entonces Presidente del Senado Carlos Garcia haya estado bebiendo cerveza y menos cerca de 4000 botellas.Solo lo creen los interesados en politizar la justicia. Nadie en el Tolima como dice el columnista duda de la inocencia del Senador Garcia, ni siquiera sus contradictores.
Ibagué, Colombia - Viernes, 28 de Agosto del 2009
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AL OÍDO DE LOS TOLIMENSES
CAMILO A. GONZÁLEZ PACHECO
Con Carlos García, con quien nos diferenciamos en las mil y una concepciones de la política y de su ejercicio, nos ha ligado hace ya bastante tiempo, una fraternal amistad.
De ahí, que de cuando en cuando, necesariamente tengamos que registrar con preocupación, esa lenta y dolorosa agonía procesal, que no termina y en la que esta sumido, alejado del mundanal ruido de la política nacional y regional, y dolorosamente privado de la libertad. Ese duro sacrificio existencial que aún padece, y que esperamos solucione pronto favorablemente, constituye en verdad, una prueba de fuego en la vida de cualquier persona, y mucho más en él que se ha movido con bastante propiedad en las altas esferas del poder y de la sociedad.
Pero, asombra –como dicen los abogados litigantes- conocer el acervo probatorio sobre el cual se sustenta la medida que lo priva de la libertad, y aún más, que otorgó mérito para iniciar dicha investigación penal. Tuve la oportunidad, la semana pasada, de comentar con alguno de sus asesores, varias piezas del citado material probatorio, y con inmenso respeto, el manto de dudas sobre los testimonios que lo conforman, y la calidad de hampones de los declarantes, hacen increíbles sus amañadas versiones.
Sin embargo, será sólo la autoridad competente, la que decida en su sabiduría las cuestiones de fondo del proceso.Lo anterior no obsta, para establecer en este tipo de situaciones por demás especiales, tanto por lo personajes como por los hechos, la necesaria contraposición que se presenta entre la verdad verdadera y la verdad procesal. La verdad verdadera, para este caso, nace de la realidad particular de nuestra región, del conocimiento directo de la persona, de su estilo, de la manera de ser y de comportarse, del día a día, de lo cotidiano. En ese sentido afirmar que Carlos García pactó con paramilitares apoyo electoral a partir de establecer un contubernio directo con dichos criminales, para delinquir, negociar y beneficiarse, resulta a todas luces inverosímil. Conociendo su manera de ser –no precisamente de extremada modestia, humildad y sencillez- la absurda acusación según la cual García, se reunió para esos efectos, en la tienda destartalada de una polvorienta y calurosa vereda del Guamo, debajo de un palo de mango, tomando gaseosa al clima a pico de botella, sentado en banco de madera sin pulir, sin ventilador, sin hielo ni servilletas, y rodeado de más de quince escoltas, para pactar votos y dinero frente a una debate electoral, es a todas luces un relato increíble y mentiroso. Absurdo imaginar siquiera tanta humildad e imbecilidad en tan altanero Senador.
Por otra parte, a García sus contradictores lo pueden acusar de manzanillo, clientelista, electorero -vaya y venga- pero jamás lo han sindicado de criminal. Esa es la verdad verdadera.Esperemos entonces, que más temprano que tarde, la verdad procesal armonice con la verdad verdadera, y García pueda regresar pronto a nuestra región, así sea ayudando a levantar las nefastas banderas de la reelección presidencial, que creo le deben apasionar. Mientras tanto, valga la pena enviarle el abrazo fraternal de siempre.
Comentario:
Lo asombroso como lo dijo Maria Isabel Rueda es que los exparamilitares presos en la cárcel de Picaleña dijeron que se habian bebido 4 millones de pesos en cerveza en una tarde con el Senador García - y no gaseosas como dice el columnista- Nadie puede creer que el entonces Presidente del Senado Carlos Garcia haya estado bebiendo cerveza y menos cerca de 4000 botellas.Solo lo creen los interesados en politizar la justicia. Nadie en el Tolima como dice el columnista duda de la inocencia del Senador Garcia, ni siquiera sus contradictores.
sábado, 27 de junio de 2009
El Terrorismo
Cartagena de Indias, Colombia, domingo, 23 de febrero de 2003
Respuesta al terrorismo
Por Carlos García Orjuela
El 7 de noviembre de 1985, en el corazón de Colombia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, comenzó el incendio de la sede de la Corte Suprema de Justicia con todos sus ocupantes al interior. Los acontecimientos fueron transmitidos sin interrupción. Todo lo ocurrido desde el momento de la toma del edificio por un comando terrorista del M-19; las súplicas del presidente de la Corporación para que "pararan el fuego"; el cañoneo de la esculpida puerta de bronce por la tanqueta militar que escalaba la entrada del Palacio de la Justicia, todo hasta el trágico final, consumido por el fuego, fue difundido por televisión.
Pocos minutos después del instante en que explota el carro bomba en El Nogal, los colombianos van al televisor y la transmisión se extiende, se propaga y se magnifica sin fronteras. Cada televidente va quedando atrapado, absorbido, como si fuese succionado por la pantalla.
Mudos observan la capacidad destructiva de los criminales, la potencia de la fuerza utilizada contra la población. Las manifestaciones de dolor y de tristeza, el miedo y los escombros como resultados de la barbarie son repetidos sin descanso por los medios de comunicación, hasta que no quede duda alguna de que existe el terrorismo.
¿Qué pretenden los terroristas? Con estos actos, los verdaderos responsables, intentan cambiar la política de Gobierno. El miedo y la violencia impiden el control territorial. Las amenazas y la zozobra generan un clima de confusión y de desorden necesario para continuar con las actividades ilegales de quienes ordenan y pagan por la ejecución de las explosiones.
Por inesperados que sean, los hechos de terror no son improvisados ni son actos aislados, son el resultado de la premeditación y la elaboración. La incertidumbre como resultado emocional de la intimidación puede forzar a los individuos o a un grupo de ellos para pedir la alteración de las decisiones de Gobierno.
Una escalada violenta pretendería coaccionar al gobernante para que conceda los beneficios exigidos por los criminales. Recordemos que el secuestro de un hermano del Presidente Gaviria obligó a las autoridades a dejar en libertad, entregar dinero y permitir el viaje a Cuba de los jefes del JEGA responsables del delito.
¿Cuál debería ser el papel de los medios de comunicación frente a un atentado terrorista?
Ted Koppel, de la agencia de noticias ABC, afirma que la televisión y el terrorismo se necesitan entre sí, que sin esta el fenómeno no sería visto. Sin los medios de comunicación, sin la televisión, sin la abundancia de información, las agresiones terroristas serían causas ignoradas. Con la profusión de especulaciones temerosas, se produce tanto miedo que una sensación de tragedia permanente se apodera de la población como si fuera un segundo "golpe" devastador.
Como una paradoja para que los medios se ocupen de la noticia, los atentados deben ser más letales, con ingredientes de espectacularidad que puedan atraer la atención del mundo.
En conclusión, la libertad de prensa se ofrece y se goza cuando se vive en democracia.
Pero, ¿deberían los medios contribuir con la democracia cuando se encuentra amenazada?
La pregunta es de Richard Francis anterior director de la BBC, quien agrega que el "culto a la objetividad" es una distorsión de la información cuando, hoy, los medios pueden atrapar al individuo en un drama que se desarrolla a larga distancia, en vivo y en directo.
Publicado en El Universal, El Nuevo Día y Vanguardia Liberal.
Respuesta al terrorismo
Por Carlos García Orjuela
El 7 de noviembre de 1985, en el corazón de Colombia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, comenzó el incendio de la sede de la Corte Suprema de Justicia con todos sus ocupantes al interior. Los acontecimientos fueron transmitidos sin interrupción. Todo lo ocurrido desde el momento de la toma del edificio por un comando terrorista del M-19; las súplicas del presidente de la Corporación para que "pararan el fuego"; el cañoneo de la esculpida puerta de bronce por la tanqueta militar que escalaba la entrada del Palacio de la Justicia, todo hasta el trágico final, consumido por el fuego, fue difundido por televisión.
Pocos minutos después del instante en que explota el carro bomba en El Nogal, los colombianos van al televisor y la transmisión se extiende, se propaga y se magnifica sin fronteras. Cada televidente va quedando atrapado, absorbido, como si fuese succionado por la pantalla.
Mudos observan la capacidad destructiva de los criminales, la potencia de la fuerza utilizada contra la población. Las manifestaciones de dolor y de tristeza, el miedo y los escombros como resultados de la barbarie son repetidos sin descanso por los medios de comunicación, hasta que no quede duda alguna de que existe el terrorismo.
¿Qué pretenden los terroristas? Con estos actos, los verdaderos responsables, intentan cambiar la política de Gobierno. El miedo y la violencia impiden el control territorial. Las amenazas y la zozobra generan un clima de confusión y de desorden necesario para continuar con las actividades ilegales de quienes ordenan y pagan por la ejecución de las explosiones.
Por inesperados que sean, los hechos de terror no son improvisados ni son actos aislados, son el resultado de la premeditación y la elaboración. La incertidumbre como resultado emocional de la intimidación puede forzar a los individuos o a un grupo de ellos para pedir la alteración de las decisiones de Gobierno.
Una escalada violenta pretendería coaccionar al gobernante para que conceda los beneficios exigidos por los criminales. Recordemos que el secuestro de un hermano del Presidente Gaviria obligó a las autoridades a dejar en libertad, entregar dinero y permitir el viaje a Cuba de los jefes del JEGA responsables del delito.
¿Cuál debería ser el papel de los medios de comunicación frente a un atentado terrorista?
Ted Koppel, de la agencia de noticias ABC, afirma que la televisión y el terrorismo se necesitan entre sí, que sin esta el fenómeno no sería visto. Sin los medios de comunicación, sin la televisión, sin la abundancia de información, las agresiones terroristas serían causas ignoradas. Con la profusión de especulaciones temerosas, se produce tanto miedo que una sensación de tragedia permanente se apodera de la población como si fuera un segundo "golpe" devastador.
Como una paradoja para que los medios se ocupen de la noticia, los atentados deben ser más letales, con ingredientes de espectacularidad que puedan atraer la atención del mundo.
En conclusión, la libertad de prensa se ofrece y se goza cuando se vive en democracia.
Pero, ¿deberían los medios contribuir con la democracia cuando se encuentra amenazada?
La pregunta es de Richard Francis anterior director de la BBC, quien agrega que el "culto a la objetividad" es una distorsión de la información cuando, hoy, los medios pueden atrapar al individuo en un drama que se desarrolla a larga distancia, en vivo y en directo.
Publicado en El Universal, El Nuevo Día y Vanguardia Liberal.
sábado, 20 de junio de 2009
El Domingo 24 de mayo de 2009 MARIA ISABEL RUEDA Columnista de EL TIEMPO escribio:
¡Tapo Remacho!
Solo reconociendo sus respectivos errores podrían acabar su mutua desconfianza.
Lo que tiene que hacer el Presidente: No vamos a cerrar este capítulo hasta que el presidente Uribe, calmadamente, acepte que la Corte Suprema tenía que cumplir con su deber adelantando los procesos de la 'parapolítica'. Y eso no puede confundirlo, como evidente lo ha hecho, con una conspiración de los magistrados para tumbarlo, que generó el ambiente de las inexcusables chuzadas ilegales del DAS.
Lo que tiene que hacer la Corte: Le corresponde reconocer que, al reprobable espionaje del que fueron objeto sus magistrados, le sirvieron de justificación los homenajes, parrandas y regalos que recibieron de unos particulares con cuestionables vínculos con personajes del narcotráfico. Eso para comenzar.
Pero si bien con los procesos de la 'parapolítica' la Corte ha cumplido con un deber constitucional, en ellos también se han cometido unos excesos monumentales.
Lo confirmé cuando le escuché la siguiente frase al magistrado auxiliar Fabio Ortega, recién declarado insubsistente porque dizque filtraba información. (¿O porque se le convirtió en piedra en el zapato al magistrado Iván Velásquez?): "Cuando era juez municipal, ganaba muy poco, condenaba a personas a 40 años de cárcel y dormía tranquilo. Ahora soy magistrado auxiliar de la Corte, gano el triple, preparo condenas de seis años, y no duermo tranquilo".Las causas de su insomnio radican en algunos comportamientos del magistrado Iván Velásquez, también víctima de un delirio de persecución producto de la desconfianza que el Presidente les tiene a sus actuaciones.
Resulta que Velásquez actúa desde hace tres años como magistrado coordinador inamovible, perpetuándose en este cargo cuando todos los demás de la Corte se rotan anualmente. Por cuenta de eso, tiene mentalidad de propietario de los procesos de la 'parapolítica': los reparte entre sus colegas, se los quita a dedo para impedir que precluyan cuando no hay pruebas, impone a dedo a los investigadores y es él quien comunica a sus superiores su versión sobre las conclusiones de sus colegas. De manera poco profesional, entrevista informalmente a los testigos asumiendo funciones propias del CTI, escoge los testimonios que le parecen importantes, preferiblemente los que conducen a la culpabilidad del investigado y es él quien ofrece incluir a los testigos en los programas de protección, lo cual es un imán tanto para declaraciones verdaderas como ficticias. Los procesos de la 'parapolítica' no pueden depender de una sola persona y menos de una que, como Velásquez, se cree el símbolo de la reivindicación de la Corte en medio de esta puja de poderes, que levanta sospechas sobre la existencia de intereses políticos en sus actuaciones.
Si yo fuera presidente de la Corte, me preocuparía mucho si todos mis investigados renuncian a su fuero por desconfianza con las garantías que les ofrece su juez natural. Entre otras cosas, porque sus magistrados delegan en los auxiliares la conducción de los procesos, que son de única instancia. Y por ello quizás no se dan cuenta de cosas tremendas que están pasando allá y que denuncia el hoy ex magistrado Ortega.
Yo no sé si las siguientes personas son culpables o inocentes, pero veamos sus casos. Al ex senador Carlos García lo tienen perdiendo la cordura en La Picota con base en el testimonio de personas condenadas en la cárcel de Picaleña, que seguramente, en pos de una rebaja de pena, produjeron unas respuestas escandalosamente inducidas por unas preguntas antitécnicas del magistrado auxiliar. Uno de los testigos incluso asegura haberse bebido, con el senador García, en una sola tarde, el equivalente a un camión de cerveza, algo tan inverosímil que habría llevado al más primíparo de los jueces a la tacha del testigo. A la ex senadora Adriana Gutiérrez y al ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, los interrogaron como a un par de hampones. A la senadora Zulema Jattin la investigaron durante 22 meses, hasta que la mandaron a detener, a pesar de que la Corte Constitucional dice que ese término solo puede extenderse a seis meses. La senadora Nancy Patricia Gutiérrez lleva 13 meses investigada y le cambian al magistrado auxiliar -van tres- cada vez que el de turno se convence de su inocencia. Los testigos en su contra han sido jaladores de carros y violadores de niños aportados por la senadora Rocío Arias, que la odia porque le ganó las elecciones y se le tiró una multitudinaria fiesta de matrimonio en la cárcel. Al senador Luis Fernando Velasco lo encarcelaron durante cuatro meses antes de presumir su inocencia, un derecho constitucional, porque en la Corte tienen la manía de capturar para comenzar a investigar.
En conclusión. Si el Presidente se convence de que la Corte no lo quiere tumbar cuando cumple con su deber. Y si, a su vez, la Corte lo sigue cumpliendo sin andar parrandeando con indeseables; y sin dar pie, con abusos de procedimiento, a despertar sospechas de que ella está persiguiendo políticamente a unos congresistas afines al Gobierno, aquí puede haber un tapo remacho, y recomponerse esta maltrecha relación, en aras de la institucionalidad.
¡SE ME OLVIDA! Esta baraja de precandidatos está casi completa. Solo falta Noemí.
María Isabel Rueda
jueves, 18 de junio de 2009
FRANCISCO JOSE MEJIA escribio: "La Dictadura de los Jueces"
Lo que habrá de encontrar el relator de la ONU para la independencia de la justicia es que la situación de la justicia en Colombia es muy grave y que no es independiente. Más aun, se deberá reconocer que su estado es tan deplorable como el de la justicia venezolana, pero con una diferencia, allá la justicia esta al servicio del gobierno para aplastar a la oposición; acá está al servicio de la oposición para aplastar al gobierno. No existe ninguna diferencia entre Manuel Rosales y Carlos García Orjuela, ambos son víctimas de unas justicias politizadas que son implacables a la hora de aplastar al enemigo político y no conocen ningún límite ético ni moral. El gran drama de nuestro país es tener siempre que acudir a la ilegalidad para eliminar al contrario, en vez de hacer la oposición y abordar las diferencias por las vías democráticas. Ayer se utilizaba el magnicidio para eliminar movimientos políticos, hoy aparecen unos impostores togados, deshonrando la majestad de la justicia, que encarcelan sin pruebas e intimidan a aquellos congresistas que no votan en el sentido de sus designios. Luego de que la Corte Suprema abriera investigación preliminar contra 80 representantes por votar el referendo, instaurando así el delito de opinión en nuestro país, ya nadie duda de que perdió su rumbo constitucional y que está dedicada a perseguir al gobierno.
Pero lo peor de esa oposición visceral que está ejerciendo parte del poder judicial, es el drama de sus víctimas, los falsos positivos judiciales. De ellos no nos podemos olvidar, con ellos debemos tener toda nuestra solidaridad, así como la tenemos con los secuestrados, no importa si comulgamos con sus ideas o no, es un deber de todo demócrata exigir su libertad. No podemos olvidar que el senador Carlos García sigue en la cárcel por supuestos vínculos con paramilitares, sin que exista una sola prueba en su contra, más que las declaraciones contradictorias de unos bandidos seducidos con dádivas por la Corte de marras.
sábado, 6 de junio de 2009
Procuraduría pide archivar proceso
EL NUEVO DIA
Procuraduría pide archivar proceso contra ex senador García Orjuela
Jueves 5 de febrero de 2009
Procuraduría pide archivar proceso contra ex senador García Orjuela
Jueves 5 de febrero de 2009
Fuertes cuestionamientos a la medida de aseguramiento decretada en contra de ex senador y ex presidente del Congreso, Carlos García Orjuela, entregó la Procuraduría General de la Nación.
En un concepto de 21 páginas conocido por Colprensa, el Ministerio Público califica como "testigos sospechosos" a los ex paramilitares que hablan de dos reuniones del ex Senador, con miembros del Bloque Tolima de las AUC.
"Señor Fiscal, llama la atención a este Ministerio Público, que precisamente las personas que dan cuenta de las presuntas reuniones, no coinciden en cuanto a la hora de su iniciación y terminación, sobre quiénes llegaron y en qué orden, en qué medio de transporte arribaron, etc", señaló la procuradora Esperanza Galindo Dávila.
Así mismo, la representante de la sociedad afirma que los medios de prueba aportados por la defensa controvierten claramente lo dicho por John Jairo Silva Rincón, José Albeiro García y Ricaurte Soria, ex integrantes del Bloque Tolima de las AUC. "Los dichos de estas personas no soportan un examen de credibilidad", agrega.
"Señor Fiscal, siendo consecuentes con el acervo probatorio obrante, es evidente que los supuestos encuentros del ex Senador con miembros de las Autodefensas (…) están amparados tan solo en el dicho de algunos miembros de las AUC (…) que se observan dubitativos", dice.
Pero mucho más cuestionable resulta para el Ministerio Público lo dicho por Edwin Hernando Carvajal Rodas, alias ‘Caresapo’, quien manifiesta haber estado en las reuniones adelantadas presuntamente en la vereda La Chamba, del municipio del Guamo, Tolima, a finales de 2001, periodo en el que estuvo detenido.
"En mi sentir quedan graves vacíos en la información, las reglas de la experiencia y de la lógica enseñan que cuando una persona se reúne con el propósito de obtener una contraprestación, debe quedar muy claro qué es lo que se espera y qué se va a aportar", señaló.
Por ello, concluyó la delegada del Ministerio Público, "solicito a usted señor Fiscal, de la manera más comedida, que al calificar el mérito probatorio del sumario, se profiera resolución de preclusión de la instrucción".
Los mismos que acusan a Pompilio
Luego de esta decisión de la Procuraduría General de la Nación, podría beneficiarse el ex representante a la Cámara, Pompilio Avendaño, pues los mismos desmovilizados del Bloque Tolima de las AUC, que acusaban a García Orjuela, fueron quienes vincularon en el escándalo de la parapolítica al dirigente liberal.
En espera de respuesta
El ex congresista García, quien renunció a su curul hace cinco meses por lo que el proceso fue remitido de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia y pasó a la Fiscalía, deberá esperar si esta entidad administradora de justicia si lo acusa o archiva el caso a su favor, a pesar de la solicitud del Ministerio Público.
Bogotá, Colprensa, EL NUEVO DÍA
miércoles, 13 de mayo de 2009
domingo, 10 de mayo de 2009
Lo dijo El Senador Carlos Garcia en febrero de 2005
EL NUEVO DIA
Carlos García Orjuela analiza coyuntura cafetera
Colombia debe dejar de sembrar cafés comunes y corrientes
Por OSCAR A VARÓN B
Si bien la revaluación ha afectado el tema de las exportaciones de los bananeros, floricultores y caficultores, también este proceso debe ser visto como la oportunidad para comprar maquinaria y equipos tecnológicos más baratos en el exterior.
Así lo manifestó Carlos García Orjuela, senador de la República, quien agregó que la tasa cambiaria no afectó lo suficiente a los exportadores cafeteros como se ha pensado.
Dentro de las expectativas cafeteras, García Orjuela sostuvo que el país debe dejar de sembrar cafés comunes y corrientes, y apostarle más decididamente a las variedades especiales y a los productos orgánicos, pues el precio internacional y la calidad del producto nacional tendrán garantizado un mercado en el contexto mundial de esta manera.
García Orjuela, quien es una de las personas que más conoce el sector en Colombia sostuvo que la negociación de la norma de origen en el TLC para el café colombiano será fundamental para garantizar la exportación del grano, tema que deberá tener algún avance significativo en Cartagena.
Revaluación
“El tema de la revaluación debe ser visto como una oportunidad para comprar lo que está barato, en términos de maquinaria y tecnología, en el mercado internacional”, sostuvo García Orjuela.
“La variabilidad de la tasa cambiaria debe servir para que el sector le saque provecho a esta situación por medio de compras de bienes necesarios para el caficultor”.
Para el Senador, la situación para los exportadores de café no es tan delicada, pues el precio al pasar de 0.70 a 1.10 centavos de dólar experimentó un aumento superior al 35 por ciento, en tanto que la revaluación del peso apenas fue del 15 por ciento de tal manera que la compensación internacional en el precio fue del 17 por ciento, en términos netos para el precio del grano puesto en puerto internacional.
“En estos momentos no hay café suficiente en el mundo para cumplir la demanda de los consumidores. Brasil ha visto caer su producción y lo más seguro es que el precio internacional vaya en ascenso.
“Si los pronósticos son los adecuados al finalizar el año se podría contar con un precio de un dólar con 40 centavos”, sostuvo García Orjuela, quien agregó que las condiciones internacionales son muy buenas para el 2005 y que el país se encuentra en mora de hacer grandes reformas al sector para obtener una mayor dinámica externa.
Con calidad
Para García Orjuela el ascenso internacional del precio debe ir acompañado por una reconversión mucho mayor en los departamentos cafeteros para generar cafés de mayor calidad.
“El grano colombiano es reconocido y demandado ampliamente en el mundo. Las condiciones están a nuestro favor y la demanda internacional irá en ascenso en cafés especiales y orgánicos.
“Por este motivo, este es el momento para sembrar café seleccionado, de origen y orgánico. Tenemos que sembrar productos cafeteros que garanticen un buen aroma y un excelente sabor.
“Lo que es claro, teniendo en cuenta el comportamiento del grano en los últimos 20 años, es que no podemos seguir apostándole a cafés masivos, comunes y corrientes como Variedad Colombia, que no tiene ningún tipo de valor agregado.
“Es hora de que los gremios comiencen a enseñarle a los caficultores, en forma masiva, a sembrar y cosechar un producto sin insecticidas ni contaminantes”, manifestó Carlos García Orjuela, quien agregó que los cafés especiales y los orgánicos logran en el mercado internacional precios que van desde un dólar con 80 centavos hasta dos dólares con 50.
Los cafés solubles y molidos de mayor calidad cuestan hasta seis dólares la libra. Al respecto, el sector se encuentra pendiente en avanzar en dicha reconversión con mayor velocidad. Para García, esta labor de mejoramiento cafetero debe hacerse más extensivo por parte de los comités y de Federacafé, pues está visto que a pesar de muchas circunstancias, crisis y de avatares en el tiempo, el café colombiano ya cuenta con una imagen internacional que debe ser aprovechada al máximo.
A pesar de ello, lo primario es garantizar que el agricultor acceda a nuevas tecnologías y se inserte de una vez por todas en la modalidad de cafés especiales, solubles, orgánicos, excelsos y gourmet, entre otros.
“Colombia no tiene porque pensar que va a competir ni con Vietnam, ni Brasil, México, Salvador, Honduras o los países de África. Lo único que nos hace competitivos y preferenciales en la demanda mundial es la calidad y el valor agregado en el producto, y es hacia esa dirección a la cual debemos avanzar.
“Los caficultores deben de dejar de producir variedad Chinchiná, Colombia y la famosa Caturra que está absolutamente devaluada y que se produce a granel en Vietman y Brasil, para pasar a producir el mejor café posible”, afirmó García Orjuela, quien recordó que Colombia siempre vende todo el café que cosecha, la diferencia es que ahora tendrá que hacerlo con procesos altamente diferenciados.
Origen e intermediación
En el tema de la negociación de una norma de origen para el café colombiano en el marco del TLC entre Colombia y Estados Unidos García Orjuela sostuvo que “esta es la mejor opción en la negociación en lo que al sector le corresponde.
“Siempre que el mercado internacional pague la selección del café, se va a beneficiar el productor. Eso es muy importante para acceder al mercado de Estados Unidos con preferencias”, indicó.
Sin embargo, el TLC impone nuevos retos. “La negociación deberá servir para que desaparezcan otras condiciones del mercado.
“Me refiero, por ejemplo, a aquella que nos obliga a tener una excelente calidad de café y una exclusiva producción de Pergamino, tipo Federación, pero que el mercado no está dispuesto a pagar más de ocho o 10 centavos de dólar de prima, cuando debería cancelar por sus mismas exigencias, una prima superior al 50 o 80 por ciento del valor de base. En el TLC hay que ganar en compensaciones”, aseguró García Orjuela.
Otro tema que a juicio de García debe cambiar es el de comercialización e intermediación. “La comercialización de la Federación apenas sirve para vender dos millones de sacos y los privados están sacando ocho millones.
“Lo más grave es que Federacafé está cobrando por este servicio un impuesto muy oneroso a los caficultores sin devolverles nada a cambio. El gremio debe ser mucho más equitativo con los agricultores y modernizar su intermediación con los mercados externos”, sostuvo el Senador tolimense.
De otra parte, García Orjuela aseguró que el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros está en deuda con el país y especialmente con el sector.
“Gabriel Silva debe mostrarle al sector de qué forma se van a otorgar las franquicias de la marca Juan Valdez y cuál va a ser el aporte de estas al Fondo Nacional del Café.
“No se puede repetir la historia de darle las franquicias a los antiguos funcionarios de la Federación por valores irrisorios. En otro país hasta cárcel hubiera tenido tal conducta”.
Carlos García Orjuela analiza coyuntura cafetera
Colombia debe dejar de sembrar cafés comunes y corrientes
Por OSCAR A VARÓN B
Si bien la revaluación ha afectado el tema de las exportaciones de los bananeros, floricultores y caficultores, también este proceso debe ser visto como la oportunidad para comprar maquinaria y equipos tecnológicos más baratos en el exterior.
Así lo manifestó Carlos García Orjuela, senador de la República, quien agregó que la tasa cambiaria no afectó lo suficiente a los exportadores cafeteros como se ha pensado.
Dentro de las expectativas cafeteras, García Orjuela sostuvo que el país debe dejar de sembrar cafés comunes y corrientes, y apostarle más decididamente a las variedades especiales y a los productos orgánicos, pues el precio internacional y la calidad del producto nacional tendrán garantizado un mercado en el contexto mundial de esta manera.
García Orjuela, quien es una de las personas que más conoce el sector en Colombia sostuvo que la negociación de la norma de origen en el TLC para el café colombiano será fundamental para garantizar la exportación del grano, tema que deberá tener algún avance significativo en Cartagena.
Revaluación
“El tema de la revaluación debe ser visto como una oportunidad para comprar lo que está barato, en términos de maquinaria y tecnología, en el mercado internacional”, sostuvo García Orjuela.
“La variabilidad de la tasa cambiaria debe servir para que el sector le saque provecho a esta situación por medio de compras de bienes necesarios para el caficultor”.
Para el Senador, la situación para los exportadores de café no es tan delicada, pues el precio al pasar de 0.70 a 1.10 centavos de dólar experimentó un aumento superior al 35 por ciento, en tanto que la revaluación del peso apenas fue del 15 por ciento de tal manera que la compensación internacional en el precio fue del 17 por ciento, en términos netos para el precio del grano puesto en puerto internacional.
“En estos momentos no hay café suficiente en el mundo para cumplir la demanda de los consumidores. Brasil ha visto caer su producción y lo más seguro es que el precio internacional vaya en ascenso.
“Si los pronósticos son los adecuados al finalizar el año se podría contar con un precio de un dólar con 40 centavos”, sostuvo García Orjuela, quien agregó que las condiciones internacionales son muy buenas para el 2005 y que el país se encuentra en mora de hacer grandes reformas al sector para obtener una mayor dinámica externa.
Con calidad
Para García Orjuela el ascenso internacional del precio debe ir acompañado por una reconversión mucho mayor en los departamentos cafeteros para generar cafés de mayor calidad.
“El grano colombiano es reconocido y demandado ampliamente en el mundo. Las condiciones están a nuestro favor y la demanda internacional irá en ascenso en cafés especiales y orgánicos.
“Por este motivo, este es el momento para sembrar café seleccionado, de origen y orgánico. Tenemos que sembrar productos cafeteros que garanticen un buen aroma y un excelente sabor.
“Lo que es claro, teniendo en cuenta el comportamiento del grano en los últimos 20 años, es que no podemos seguir apostándole a cafés masivos, comunes y corrientes como Variedad Colombia, que no tiene ningún tipo de valor agregado.
“Es hora de que los gremios comiencen a enseñarle a los caficultores, en forma masiva, a sembrar y cosechar un producto sin insecticidas ni contaminantes”, manifestó Carlos García Orjuela, quien agregó que los cafés especiales y los orgánicos logran en el mercado internacional precios que van desde un dólar con 80 centavos hasta dos dólares con 50.
Los cafés solubles y molidos de mayor calidad cuestan hasta seis dólares la libra. Al respecto, el sector se encuentra pendiente en avanzar en dicha reconversión con mayor velocidad. Para García, esta labor de mejoramiento cafetero debe hacerse más extensivo por parte de los comités y de Federacafé, pues está visto que a pesar de muchas circunstancias, crisis y de avatares en el tiempo, el café colombiano ya cuenta con una imagen internacional que debe ser aprovechada al máximo.
A pesar de ello, lo primario es garantizar que el agricultor acceda a nuevas tecnologías y se inserte de una vez por todas en la modalidad de cafés especiales, solubles, orgánicos, excelsos y gourmet, entre otros.
“Colombia no tiene porque pensar que va a competir ni con Vietnam, ni Brasil, México, Salvador, Honduras o los países de África. Lo único que nos hace competitivos y preferenciales en la demanda mundial es la calidad y el valor agregado en el producto, y es hacia esa dirección a la cual debemos avanzar.
“Los caficultores deben de dejar de producir variedad Chinchiná, Colombia y la famosa Caturra que está absolutamente devaluada y que se produce a granel en Vietman y Brasil, para pasar a producir el mejor café posible”, afirmó García Orjuela, quien recordó que Colombia siempre vende todo el café que cosecha, la diferencia es que ahora tendrá que hacerlo con procesos altamente diferenciados.
Origen e intermediación
En el tema de la negociación de una norma de origen para el café colombiano en el marco del TLC entre Colombia y Estados Unidos García Orjuela sostuvo que “esta es la mejor opción en la negociación en lo que al sector le corresponde.
“Siempre que el mercado internacional pague la selección del café, se va a beneficiar el productor. Eso es muy importante para acceder al mercado de Estados Unidos con preferencias”, indicó.
Sin embargo, el TLC impone nuevos retos. “La negociación deberá servir para que desaparezcan otras condiciones del mercado.
“Me refiero, por ejemplo, a aquella que nos obliga a tener una excelente calidad de café y una exclusiva producción de Pergamino, tipo Federación, pero que el mercado no está dispuesto a pagar más de ocho o 10 centavos de dólar de prima, cuando debería cancelar por sus mismas exigencias, una prima superior al 50 o 80 por ciento del valor de base. En el TLC hay que ganar en compensaciones”, aseguró García Orjuela.
Otro tema que a juicio de García debe cambiar es el de comercialización e intermediación. “La comercialización de la Federación apenas sirve para vender dos millones de sacos y los privados están sacando ocho millones.
“Lo más grave es que Federacafé está cobrando por este servicio un impuesto muy oneroso a los caficultores sin devolverles nada a cambio. El gremio debe ser mucho más equitativo con los agricultores y modernizar su intermediación con los mercados externos”, sostuvo el Senador tolimense.
De otra parte, García Orjuela aseguró que el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros está en deuda con el país y especialmente con el sector.
“Gabriel Silva debe mostrarle al sector de qué forma se van a otorgar las franquicias de la marca Juan Valdez y cuál va a ser el aporte de estas al Fondo Nacional del Café.
“No se puede repetir la historia de darle las franquicias a los antiguos funcionarios de la Federación por valores irrisorios. En otro país hasta cárcel hubiera tenido tal conducta”.
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Pretenden en el colmo del cinismo que el presidente uribe se muera de risa, ante el horror de una corte suprema que actua como actua, que todo se lo impide solo por politiquería y corrupción y solo por odios se maneja y maneja lo que llama justicia,la corte que acepta y paga testigos falsos?esta próxima a que la lleven ante tribunales internacionales por procesos injustos,con lo que escandaliza a colomiba,y al mundo, e indigna los que tienen todavía sentido de lo justo y de loverdadero,es que no se puede menos der estar enfurecidos, porque la colera es la forma de defensa mas humana, hasta ,quien no la manifiesta rectamente como lo hizo el mimo jesús ante los fariseos, no es persona,quien no tiene ante lo inaceptable ira, san palo lo dijo "airaos pero no pequéis "una falsa aceptaicon de todo ha sido el pecado mas grave de colombia, por eso aceptan sin inmutarse como hicieron con samper pizano, un presidente pagado por narcos,