sábado, 20 de junio de 2009

El Domingo 24 de mayo de 2009 MARIA ISABEL RUEDA Columnista de EL TIEMPO escribio:

¡Tapo Remacho!

Solo reconociendo sus respectivos errores podrían acabar su mutua desconfianza.

Lo que tiene que hacer el Presidente: No vamos a cerrar este capítulo hasta que el presidente Uribe, calmadamente, acepte que la Corte Suprema tenía que cumplir con su deber adelantando los procesos de la 'parapolítica'. Y eso no puede confundirlo, como evidente lo ha hecho, con una conspiración de los magistrados para tumbarlo, que generó el ambiente de las inexcusables chuzadas ilegales del DAS.

Lo que tiene que hacer la Corte: Le corresponde reconocer que, al reprobable espionaje del que fueron objeto sus magistrados, le sirvieron de justificación los homenajes, parrandas y regalos que recibieron de unos particulares con cuestionables vínculos con personajes del narcotráfico. Eso para comenzar.

Pero si bien con los procesos de la 'parapolítica' la Corte ha cumplido con un deber constitucional, en ellos también se han cometido unos excesos monumentales.

Lo confirmé cuando le escuché la siguiente frase al magistrado auxiliar Fabio Ortega, recién declarado insubsistente porque dizque filtraba información. (¿O porque se le convirtió en piedra en el zapato al magistrado Iván Velásquez?): "Cuando era juez municipal, ganaba muy poco, condenaba a personas a 40 años de cárcel y dormía tranquilo. Ahora soy magistrado auxiliar de la Corte, gano el triple, preparo condenas de seis años, y no duermo tranquilo".Las causas de su insomnio radican en algunos comportamientos del magistrado Iván Velásquez, también víctima de un delirio de persecución producto de la desconfianza que el Presidente les tiene a sus actuaciones.

Resulta que Velásquez actúa desde hace tres años como magistrado coordinador inamovible, perpetuándose en este cargo cuando todos los demás de la Corte se rotan anualmente. Por cuenta de eso, tiene mentalidad de propietario de los procesos de la 'parapolítica': los reparte entre sus colegas, se los quita a dedo para impedir que precluyan cuando no hay pruebas, impone a dedo a los investigadores y es él quien comunica a sus superiores su versión sobre las conclusiones de sus colegas. De manera poco profesional, entrevista informalmente a los testigos asumiendo funciones propias del CTI, escoge los testimonios que le parecen importantes, preferiblemente los que conducen a la culpabilidad del investigado y es él quien ofrece incluir a los testigos en los programas de protección, lo cual es un imán tanto para declaraciones verdaderas como ficticias. Los procesos de la 'parapolítica' no pueden depender de una sola persona y menos de una que, como Velásquez, se cree el símbolo de la reivindicación de la Corte en medio de esta puja de poderes, que levanta sospechas sobre la existencia de intereses políticos en sus actuaciones.

Si yo fuera presidente de la Corte, me preocuparía mucho si todos mis investigados renuncian a su fuero por desconfianza con las garantías que les ofrece su juez natural. Entre otras cosas, porque sus magistrados delegan en los auxiliares la conducción de los procesos, que son de única instancia. Y por ello quizás no se dan cuenta de cosas tremendas que están pasando allá y que denuncia el hoy ex magistrado Ortega.

Yo no sé si las siguientes personas son culpables o inocentes, pero veamos sus casos. Al ex senador Carlos García lo tienen perdiendo la cordura en La Picota con base en el testimonio de personas condenadas en la cárcel de Picaleña, que seguramente, en pos de una rebaja de pena, produjeron unas respuestas escandalosamente inducidas por unas preguntas antitécnicas del magistrado auxiliar. Uno de los testigos incluso asegura haberse bebido, con el senador García, en una sola tarde, el equivalente a un camión de cerveza, algo tan inverosímil que habría llevado al más primíparo de los jueces a la tacha del testigo. A la ex senadora Adriana Gutiérrez y al ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, los interrogaron como a un par de hampones. A la senadora Zulema Jattin la investigaron durante 22 meses, hasta que la mandaron a detener, a pesar de que la Corte Constitucional dice que ese término solo puede extenderse a seis meses. La senadora Nancy Patricia Gutiérrez lleva 13 meses investigada y le cambian al magistrado auxiliar -van tres- cada vez que el de turno se convence de su inocencia. Los testigos en su contra han sido jaladores de carros y violadores de niños aportados por la senadora Rocío Arias, que la odia porque le ganó las elecciones y se le tiró una multitudinaria fiesta de matrimonio en la cárcel. Al senador Luis Fernando Velasco lo encarcelaron durante cuatro meses antes de presumir su inocencia, un derecho constitucional, porque en la Corte tienen la manía de capturar para comenzar a investigar.

En conclusión. Si el Presidente se convence de que la Corte no lo quiere tumbar cuando cumple con su deber. Y si, a su vez, la Corte lo sigue cumpliendo sin andar parrandeando con indeseables; y sin dar pie, con abusos de procedimiento, a despertar sospechas de que ella está persiguiendo políticamente a unos congresistas afines al Gobierno, aquí puede haber un tapo remacho, y recomponerse esta maltrecha relación, en aras de la institucionalidad.

¡SE ME OLVIDA! Esta baraja de precandidatos está casi completa. Solo falta Noemí.

María Isabel Rueda

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