MAURICIO VARGAS
Septiembre 27 de 2002
No soy admirador del procurador Alejandro Ordóñez. No me gusta su beata religiosidad ni su godísimo discurso en temas como el aborto. Pero se ganó el puesto en franca lid, con las reglas del juego de nuestra imperfecta democracia. La Corte Suprema ha resuelto investigarlo disciplinariamente por la forma como indagó la participación del ex ministro Sabas Pretelt y del ministro Diego Palacio en el caso de la 'Yidispolítica'.
Se trata de un caso nauseabundo, donde asomaron los peores vicios de nuestro sistema político: la compra de los votos de los congresistas, la entrega de notarías y demás asquerosas costumbres de este y otros gobiernos. La indagación se basa casi exclusivamente en el testimonio de Yidis Medina, que contiene verdades, mentiras y exageraciones, como ha salido a la luz. El Procurador no encontró méritos para procesar a los ministros y eso, dentro de las diferencias de interpretación que suelen darse en el campo jurídico, puede gustar o no gustar. Pero fue su valoración de las pruebas recabadas, del mismo modo que la Corte creyó que no había motivos para enjuiciar a los congresistas de la 'Farcpolítica', a pesar de que el computador de 'Raúl Reyes' arrojaba indicios muy fuertes.
No creo que la Corte, que convirtió a Yidis Medina en una especie de profeta reveladora de la verdad absoluta, lo investigue por eso. Acaso lo hace porque Ordóñez no se ha alineado con el alto tribunal en la campaña que este emprendió contra el presidente Álvaro Uribe, en un choque de trenes donde las equivocaciones han sido de lado y lado, pues así como a la Corte se le ha ido la mano, Uribe y sus colaboradores han gruñido y le han echado carbón a la locomotora.
La Sala Penal de la Corte inició en el 2006 valientes investigaciones contra políticos aliados con paramilitares y ordenó detener y procesar a una docena. Fue un arranque alentador. Pero, por el camino, se apasionó -algo que jamás debe ocurrirle a un juez- y algunos de los magistrados se pusieron la armadura de los cruzados en contra de Uribe.
En ese y otros campos, Ordóñez ha expresado sus desacuerdos con la Corte. No comparte el cambio de jurisprudencia en el caso del fuero de los congresistas. Y tal vez tenga razón: hasta el más hampón de los congresistas tiene derecho a que lo juzguen con reglas definidas y que no se las cambien a mitad del proceso. El problema de la Sala Penal es que dijo hace unos meses una cosa -que los congresistas que renunciaran a sus curules serían procesados por la Fiscalía y los jueces- y ahora dice otra -que en todo caso los juzga la Corte-, y ese giro abrupto y en tan poco tiempo empaña su credibilidad.
Ordóñez tampoco está de acuerdo con que magistrados auxiliares de la Corte viajen a las cárceles de Estados Unidos a sostener charlas informales con los paramilitares. Él cree que deben ser diligencias judiciales con todas las reglas, y con la presencia de un delegado de la Procuraduría. Y tiene razón, porque ya hemos visto casos en que magistrados auxiliares tratan de manipular testigos, de inducirlos con unas cervezas encima de la mesa. Hay motivo suficiente para desconfiar y para exigir que esas diligencias se lleven a cabo con todas las garantías.
Los magistrados de la Suprema deben reflexionar. No pueden seguir dándole al país la impresión de que la emprenden contra todo aquel funcionario que exprese su desacuerdo con la forma como el alto tribunal maneja determinados casos. Estar entre los más altos magistrados de la nación implica una responsabilidad: mantener la cabeza fría y juzgar con base en las pruebas, no con base en los sesgos y el acaloramiento. De lo contrario, al alto tribunal le va a venir como anillo al dedo el lema con que Colombia promociona su imagen en el exterior: la Corte Suprema es pasión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario