El Terrorismo

Cartagena de Indias, Colombia, domingo, 23 de febrero de 2003

Respuesta al terrorismo
Por Carlos García Orjuela
El 7 de noviembre de 1985, en el corazón de Colombia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, comenzó el incendio de la sede de la Corte Suprema de Justicia con todos sus ocupantes al interior. Los acontecimientos fueron transmitidos sin interrupción. Todo lo ocurrido desde el momento de la toma del edificio por un comando terrorista del M-19; las súplicas del presidente de la Corporación para que "pararan el fuego"; el cañoneo de la esculpida puerta de bronce por la tanqueta militar que escalaba la entrada del Palacio de la Justicia, todo hasta el trágico final, consumido por el fuego, fue difundido por televisión.
Pocos minutos después del instante en que explota el carro bomba en El Nogal, los colombianos van al televisor y la transmisión se extiende, se propaga y se magnifica sin fronteras. Cada televidente va quedando atrapado, absorbido, como si fuese succionado por la pantalla.
Mudos observan la capacidad destructiva de los criminales, la potencia de la fuerza utilizada contra la población. Las manifestaciones de dolor y de tristeza, el miedo y los escombros como resultados de la barbarie son repetidos sin descanso por los medios de comunicación, hasta que no quede duda alguna de que existe el terrorismo.
¿Qué pretenden los terroristas? Con estos actos, los verdaderos responsables, intentan cambiar la política de Gobierno. El miedo y la violencia impiden el control territorial. Las amenazas y la zozobra generan un clima de confusión y de desorden necesario para continuar con las actividades ilegales de quienes ordenan y pagan por la ejecución de las explosiones.
Por inesperados que sean, los hechos de terror no son improvisados ni son actos aislados, son el resultado de la premeditación y la elaboración. La incertidumbre como resultado emocional de la intimidación puede forzar a los individuos o a un grupo de ellos para pedir la alteración de las decisiones de Gobierno.
Una escalada violenta pretendería coaccionar al gobernante para que conceda los beneficios exigidos por los criminales. Recordemos que el secuestro de un hermano del Presidente Gaviria obligó a las autoridades a dejar en libertad, entregar dinero y permitir el viaje a Cuba de los jefes del JEGA responsables del delito.
¿Cuál debería ser el papel de los medios de comunicación frente a un atentado terrorista?
Ted Koppel, de la agencia de noticias ABC, afirma que la televisión y el terrorismo se necesitan entre sí, que sin esta el fenómeno no sería visto. Sin los medios de comunicación, sin la televisión, sin la abundancia de información, las agresiones terroristas serían causas ignoradas. Con la profusión de especulaciones temerosas, se produce tanto miedo que una sensación de tragedia permanente se apodera de la población como si fuera un segundo "golpe" devastador.
Como una paradoja para que los medios se ocupen de la noticia, los atentados deben ser más letales, con ingredientes de espectacularidad que puedan atraer la atención del mundo.
En conclusión, la libertad de prensa se ofrece y se goza cuando se vive en democracia.
Pero, ¿deberían los medios contribuir con la democracia cuando se encuentra amenazada?
La pregunta es de Richard Francis anterior director de la BBC, quien agrega que el "culto a la objetividad" es una distorsión de la información cuando, hoy, los medios pueden atrapar al individuo en un drama que se desarrolla a larga distancia, en vivo y en directo.



Publicado en El Universal, El Nuevo Día y Vanguardia Liberal.

El Domingo 24 de mayo de 2009 MARIA ISABEL RUEDA Columnista de EL TIEMPO escribio:

¡Tapo Remacho!

Solo reconociendo sus respectivos errores podrían acabar su mutua desconfianza.

Lo que tiene que hacer el Presidente: No vamos a cerrar este capítulo hasta que el presidente Uribe, calmadamente, acepte que la Corte Suprema tenía que cumplir con su deber adelantando los procesos de la 'parapolítica'. Y eso no puede confundirlo, como evidente lo ha hecho, con una conspiración de los magistrados para tumbarlo, que generó el ambiente de las inexcusables chuzadas ilegales del DAS.

Lo que tiene que hacer la Corte: Le corresponde reconocer que, al reprobable espionaje del que fueron objeto sus magistrados, le sirvieron de justificación los homenajes, parrandas y regalos que recibieron de unos particulares con cuestionables vínculos con personajes del narcotráfico. Eso para comenzar.

Pero si bien con los procesos de la 'parapolítica' la Corte ha cumplido con un deber constitucional, en ellos también se han cometido unos excesos monumentales.

Lo confirmé cuando le escuché la siguiente frase al magistrado auxiliar Fabio Ortega, recién declarado insubsistente porque dizque filtraba información. (¿O porque se le convirtió en piedra en el zapato al magistrado Iván Velásquez?): "Cuando era juez municipal, ganaba muy poco, condenaba a personas a 40 años de cárcel y dormía tranquilo. Ahora soy magistrado auxiliar de la Corte, gano el triple, preparo condenas de seis años, y no duermo tranquilo".Las causas de su insomnio radican en algunos comportamientos del magistrado Iván Velásquez, también víctima de un delirio de persecución producto de la desconfianza que el Presidente les tiene a sus actuaciones.

Resulta que Velásquez actúa desde hace tres años como magistrado coordinador inamovible, perpetuándose en este cargo cuando todos los demás de la Corte se rotan anualmente. Por cuenta de eso, tiene mentalidad de propietario de los procesos de la 'parapolítica': los reparte entre sus colegas, se los quita a dedo para impedir que precluyan cuando no hay pruebas, impone a dedo a los investigadores y es él quien comunica a sus superiores su versión sobre las conclusiones de sus colegas. De manera poco profesional, entrevista informalmente a los testigos asumiendo funciones propias del CTI, escoge los testimonios que le parecen importantes, preferiblemente los que conducen a la culpabilidad del investigado y es él quien ofrece incluir a los testigos en los programas de protección, lo cual es un imán tanto para declaraciones verdaderas como ficticias. Los procesos de la 'parapolítica' no pueden depender de una sola persona y menos de una que, como Velásquez, se cree el símbolo de la reivindicación de la Corte en medio de esta puja de poderes, que levanta sospechas sobre la existencia de intereses políticos en sus actuaciones.

Si yo fuera presidente de la Corte, me preocuparía mucho si todos mis investigados renuncian a su fuero por desconfianza con las garantías que les ofrece su juez natural. Entre otras cosas, porque sus magistrados delegan en los auxiliares la conducción de los procesos, que son de única instancia. Y por ello quizás no se dan cuenta de cosas tremendas que están pasando allá y que denuncia el hoy ex magistrado Ortega.

Yo no sé si las siguientes personas son culpables o inocentes, pero veamos sus casos. Al ex senador Carlos García lo tienen perdiendo la cordura en La Picota con base en el testimonio de personas condenadas en la cárcel de Picaleña, que seguramente, en pos de una rebaja de pena, produjeron unas respuestas escandalosamente inducidas por unas preguntas antitécnicas del magistrado auxiliar. Uno de los testigos incluso asegura haberse bebido, con el senador García, en una sola tarde, el equivalente a un camión de cerveza, algo tan inverosímil que habría llevado al más primíparo de los jueces a la tacha del testigo. A la ex senadora Adriana Gutiérrez y al ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, los interrogaron como a un par de hampones. A la senadora Zulema Jattin la investigaron durante 22 meses, hasta que la mandaron a detener, a pesar de que la Corte Constitucional dice que ese término solo puede extenderse a seis meses. La senadora Nancy Patricia Gutiérrez lleva 13 meses investigada y le cambian al magistrado auxiliar -van tres- cada vez que el de turno se convence de su inocencia. Los testigos en su contra han sido jaladores de carros y violadores de niños aportados por la senadora Rocío Arias, que la odia porque le ganó las elecciones y se le tiró una multitudinaria fiesta de matrimonio en la cárcel. Al senador Luis Fernando Velasco lo encarcelaron durante cuatro meses antes de presumir su inocencia, un derecho constitucional, porque en la Corte tienen la manía de capturar para comenzar a investigar.

En conclusión. Si el Presidente se convence de que la Corte no lo quiere tumbar cuando cumple con su deber. Y si, a su vez, la Corte lo sigue cumpliendo sin andar parrandeando con indeseables; y sin dar pie, con abusos de procedimiento, a despertar sospechas de que ella está persiguiendo políticamente a unos congresistas afines al Gobierno, aquí puede haber un tapo remacho, y recomponerse esta maltrecha relación, en aras de la institucionalidad.

¡SE ME OLVIDA! Esta baraja de precandidatos está casi completa. Solo falta Noemí.

María Isabel Rueda

FRANCISCO JOSE MEJIA escribio: "La Dictadura de los Jueces"

Lo que habrá de encontrar el relator de la ONU para la independencia de la justicia es que la situación de la justicia en Colombia es muy grave y que no es independiente. Más aun, se deberá reconocer que su estado es tan deplorable como el de la justicia venezolana, pero con una diferencia, allá la justicia esta al servicio del gobierno para aplastar a la oposición; acá está al servicio de la oposición para aplastar al gobierno. No existe ninguna diferencia entre Manuel Rosales y Carlos García Orjuela, ambos son víctimas de unas justicias politizadas que son implacables a la hora de aplastar al enemigo político y no conocen ningún límite ético ni moral. El gran drama de nuestro país es tener siempre que acudir a la ilegalidad para eliminar al contrario, en vez de hacer la oposición y abordar las diferencias por las vías democráticas. Ayer se utilizaba el magnicidio para eliminar movimientos políticos, hoy aparecen unos impostores togados, deshonrando la majestad de la justicia, que encarcelan sin pruebas e intimidan a aquellos congresistas que no votan en el sentido de sus designios. Luego de que la Corte Suprema abriera investigación preliminar contra 80 representantes por votar el referendo, instaurando así el delito de opinión en nuestro país, ya nadie duda de que perdió su rumbo constitucional y que está dedicada a perseguir al gobierno.

La oposición estará complacida porque a través de fallos logran lo que no pueden en las urnas, pero olvidan que una justicia que es impulsada por los vientos políticos siempre se volverá contra ellos cuando las velas se hinchen por vientos contrarios. Mientras la Corte se dedica a sus andanzas políticas, el país clama justicia por los casos de la FARC-política, en estos no necesitan comprar ni emborrachar testigos, todo el acervo probatorio está en los computadores de Reyes y en las versiones voluntarias de muchos desmovilizados. Lo más preocupante es que tras las declaraciones del Procurador a propósito de sus intenciones de servir de árbitro entre los dos poderes, la Corte Suprema solo da muestras de querer profundizar en su error, como quedó en evidencia luego de las indignantes declaraciones de su presidente, el magistrado Ibáñez, donde señala que no es necesario un árbitro ya que él no siente que esté de pelea con nadie. Indignantes y cínicas en realidad, cuando están tirando a nuestra democracia por el despeñadero de la dictadura de los jueces.
Pero lo peor de esa oposición visceral que está ejerciendo parte del poder judicial, es el drama de sus víctimas, los falsos positivos judiciales. De ellos no nos podemos olvidar, con ellos debemos tener toda nuestra solidaridad, así como la tenemos con los secuestrados, no importa si comulgamos con sus ideas o no, es un deber de todo demócrata exigir su libertad. No podemos olvidar que el senador Carlos García sigue en la cárcel por supuestos vínculos con paramilitares, sin que exista una sola prueba en su contra, más que las declaraciones contradictorias de unos bandidos seducidos con dádivas por la Corte de marras.

Procuraduría pide archivar proceso

EL NUEVO DIA

Procuraduría pide archivar proceso contra ex senador García Orjuela
Jueves 5 de febrero de 2009

Fuertes cuestionamientos a la medida de aseguramiento decretada en contra de ex senador y ex presidente del Congreso, Carlos García Orjuela, entregó la Procuraduría General de la Nación.
En un concepto de 21 páginas conocido por Colprensa, el Ministerio Público califica como "testigos sospechosos" a los ex paramilitares que hablan de dos reuniones del ex Senador, con miembros del Bloque Tolima de las AUC.
"Señor Fiscal, llama la atención a este Ministerio Público, que precisamente las personas que dan cuenta de las presuntas reuniones, no coinciden en cuanto a la hora de su iniciación y terminación, sobre quiénes llegaron y en qué orden, en qué medio de transporte arribaron, etc", señaló la procuradora Esperanza Galindo Dávila.

Así mismo, la representante de la sociedad afirma que los medios de prueba aportados por la defensa controvierten claramente lo dicho por John Jairo Silva Rincón, José Albeiro García y Ricaurte Soria, ex integrantes del Bloque Tolima de las AUC. "Los dichos de estas personas no soportan un examen de credibilidad", agrega.

"Señor Fiscal, siendo consecuentes con el acervo probatorio obrante, es evidente que los supuestos encuentros del ex Senador con miembros de las Autodefensas (…) están amparados tan solo en el dicho de algunos miembros de las AUC (…) que se observan dubitativos", dice.

Pero mucho más cuestionable resulta para el Ministerio Público lo dicho por Edwin Hernando Carvajal Rodas, alias ‘Caresapo’, quien manifiesta haber estado en las reuniones adelantadas presuntamente en la vereda La Chamba, del municipio del Guamo, Tolima, a finales de 2001, periodo en el que estuvo detenido.
"En mi sentir quedan graves vacíos en la información, las reglas de la experiencia y de la lógica enseñan que cuando una persona se reúne con el propósito de obtener una contraprestación, debe quedar muy claro qué es lo que se espera y qué se va a aportar", señaló.
Por ello, concluyó la delegada del Ministerio Público, "solicito a usted señor Fiscal, de la manera más comedida, que al calificar el mérito probatorio del sumario, se profiera resolución de preclusión de la instrucción".

Los mismos que acusan a Pompilio
Luego de esta decisión de la Procuraduría General de la Nación, podría beneficiarse el ex representante a la Cámara, Pompilio Avendaño, pues los mismos desmovilizados del Bloque Tolima de las AUC, que acusaban a García Orjuela, fueron quienes vincularon en el escándalo de la parapolítica al dirigente liberal.

En espera de respuesta
El ex congresista García, quien renunció a su curul hace cinco meses por lo que el proceso fue remitido de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia y pasó a la Fiscalía, deberá esperar si esta entidad administradora de justicia si lo acusa o archiva el caso a su favor, a pesar de la solicitud del Ministerio Público.

Bogotá, Colprensa, EL NUEVO DÍA