La Terna EL TIEMPO - Editoriales

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jueves 17 de septiembre de 2009

La terna rechazada

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la terna de aspirantes a la Fiscalía General de la Nación, remitida por el presidente Álvaro Uribe, causa otro choque de trenes con imprevisibles consecuencias jurídicas y políticas. El alto tribunal consideró, por primera vez desde 1991, que la lista de candidatos no cumplía con los requisitos para el cargo y, por esta razón, tomó una determinación polémica.

Tras seis reuniones en casi dos meses de deliberaciones, los magistrados optaron por un camino sin antecedentes, que sobrepasa cualquier escenario. Al devolver esta tripleta de nombres -los de los abogados Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe-, la Corte se aventura a sentar jurisprudencia en un tema muy espinoso. Esto significa que se fortaleció la polémica tesis de que, a pesar de que los integrantes de la baraja satisfacían los mínimos legales para aspirar al cargo, los cuestionamientos a algunos candidatos o la ausencia de un especialista en derecho penal atentaba contra una decisión correcta.

Por tal razón, es evidente que la corporación decidió ir más allá de la labor mecánica de escogencia del nuevo Fiscal e introducir otros aspectos e interpretaciones, cuya validez está en entredicho. No es claro, por ejemplo, que los magistrados tengan la atribución legal para ejercer de hecho un poder de veto. Esto, sumado a la reciente decisión de que algunos de los casos de la 'parapolítica' regresen de la Fiscalía, deja la impresión de la proclividad de la Corte a ir cambiando las reglas del juego en mitad del camino. En resumen, la típica actitud que alimenta el ataque de los críticos que asemejan el tribunal a un "partido de oposición" contra el Gobierno vuelve a ser obvia.

Es lamentable, en todo esto, la derrota del bloque de magistrados que impulsaban una designación rápida del Fiscal que detuviera el desgaste institucional que han implicado estas discusiones. Por cuenta de la larga demora, han crecido una serie de inconvenientes acusaciones a la Corte, de beneficiarse burocráticamente de la interinidad en la Fiscalía. Si bien estos rumores no han sido comprobados, la oportunidad de quitarles de un tajo todo fundamento se perdió ayer con el rechazo de la terna. Se inicia así una nueva ronda de enfrentamientos entre dos poderes públicos. Por un lado, los magistrados no aceptan escoger al sucesor de Mario Iguarán, mientras que, por el otro, el Gobierno afirma que la mantendrá porque se ajusta a la ley. Así, queda creada una sinsalida cuya gran damnificada es la Fiscalía, una institución básica para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. El limbo que hoy aqueja a esta elección se traslada automáticamente a cruciales procesos, investigaciones y decisiones de la entidad y altera la imprescindible estabilidad de la administración de justicia.

Sin embargo, apegarse a la letra de la ley no disculpa al Ejecutivo de haber integrado una terna envuelta en la polémica. Sea por una débil hoja de vida, por graves denuncias de manejo de influencias o por una impresentable cercanía al Gobierno, ninguno de los tres aspirantes contaba con unas credenciales intachables para convertirse en el nuevo Fiscal. Abiertamente, la Casa de Nariño ignoró que, en las actuales circunstancias, la independencia y autonomía serían requisitos más apremiantes que los mínimos estipulados en las normas. En medio de las investigaciones contra miembros de la coalición oficialista y altos funcionarios gubernamentales, un fiscal demasiado cercano sigue siendo la menos aconsejable de las opciones.

El nuevo pulso entre el Ejecutivo y la Corte Suprema no tiene solución sencilla. O el Presidente reintegra una nueva terna o los magistrados se echan para atrás en su rechazo. Mientras eso se define, la política criminal queda en una lamentable y peligrosa interinidad.

LA JUSTICIA POLITICA

REVISTA SEMANA Sábado 12 Septiembre 2009


Por Alfredo Rangel

La Corte estaría violando al menos dos principios fundamentales del derecho procesal a los parlamentarios acusados.

Esta semana el país ha sido testigo de dos hechos que representan la paradoja de la justicia en Colombia: benevolente con quienes están al margen de la Ley, y dura con quienes están dentro de las normas de la democracia. Una juez liberó a un supuesto guerrillero que portaba las infames pruebas de supervivencia de los secuestrados por las Farc, y la Corte Suprema de Justicia cambió de la noche a la mañana su propia jurisprudencia para juzgar a los parlamentarios, con lo que deteriora sus derechos procesales.

En el primer caso la juez argumentó que no se había respetado los derechos procesales del supuesto guerrillero capturado, aun cuando las evidencias no dejaban lugar a dudas de que esa persona podría tener un vínculo directo con la guerrilla. Al parecer, se había interrogado al capturado sin la presencia de un abogado y no se le habían formulado cargos dentro de los plazos legales. Por estas razones su abogado de oficio argumentó luego que la captura era ilegal y amenazó con demandar a las Fuerzas Militares por secuestro. El mundo al revés: quien podría ser cómplice de secuestro acusa a la fuerza pública de secuestrarlo. El secuestrador secuestrado, hubiera sido el título de esa opereta. No obstante la natural indignación que esto produjo en amplios sectores de la opinión pública, debemos reconocer que la juez seguramente actuó conforme a las normas del procedimiento penal que otorga garantías para su defensa a cualquier acusado, por horrible que sea el crimen del que se le acuse. Es el derecho de cualquier ciudadano a ser procesado según las normas preexistentes, a contar con un abogado que lo asista, a conocer los cargos que se le imputan, a ser juzgado con la ley más favorable, entre otras garantías.

Seguramente los miembros de los organismos de seguridad del Estado que capturaron al supuesto guerrillero no respetaron a plenitud los derechos del incriminado.Pero lo paradójico es que las garantías que justamente ofrece una modesta juez a un sospechoso de terrorismo no las ofrece el máximo tribunal de la justicia colombiana, la Corte Suprema de Justicia, a los representantes del pueblo en el Congreso de la República que están siendo acusados de haber violado la Ley. En efecto, hace sólo dos años esa Corte había aceptado que los parlamentarios podían renunciar a su investidura para ser juzgados por la justicia ordinaria y no por dicha Corte, como lo establece la ley para el conjunto de los parlamentarios. Pero ahora, de manera tardía y contradictoria, la misma Corte echa para atrás su propia jurisprudencia y sentencia que los parlamentarios no pueden renunciar a su fuero y que en todos los casos deben ser juzgados no por la justicia ordinaria, sino por la propia Corte Suprema, que al mismo tiempo los investiga y los juzga, es decir, es simultáneamente juez y parte, y cuyas sentencias no pueden ser revisadas por ningún otro juez, o sea, son inapelables.

El caso es que muchos parlamentarios, inocentes o culpables, habían optado por renunciar a sus investiduras y a su fuero, puesto que apreciaban que la justicia común les ofrecía las garantías procesales que les negaba la Corte Suprema, entre ellas, la principal, la doble instancia, y, además, la separación de las funciones de investigación y juzgamiento en dos entes distintos, como garantía de imparcialidad y objetividad en la investigación y en el juicio. Sobra decir que estos elementales derechos procesales son reconocidos a todos los ciudadanos del país: el derecho a apelar la sentencia ante una instancia superior, y a que quien investigue sea distinto del que juzgue.

Con esta decisión la Corte estaría violando al menos dos principios fundamentales del derecho procesal a los parlamentarios acusados: la no retroactividad y la favorabilidad de las normas. Independientemente de que alguien sea culpable o inocente, tiene derecho a ser procesado según las normas vigentes y no con las que vayan apareciendo por el camino. También tiene derecho a ser juzgado con la norma que le sea más favorable. Esto es un derecho tan elemental como la presunción de la inocencia.

Todos estos principios y derechos son universales, están vigentes en todos los países democráticos del mundo y hacen parte de los tratados internacionales firmados por Colombia.¿Qué explica este comportamiento de la Corte, precisamente en este momento? Pues que la Corte se ha convertido en un partido de oposición al gobierno y ha tomado la decisión política de enrarecer el ambiente del referendo que posibilitaría una segunda reelección del presidente Uribe. Muy seguramente va detrás de la captura, el procesamiento y la condena del primo del Presidente, el ex senador Mario Uribe, buscando el negativo impacto mediático que eso podría ocasionarle al referendo y a una segunda reelección de Uribe. Amanecerá y lo comprobaremos.