EL TIEMPO
Bogota mayo 6 de 2008
Aseguran que la propuesta de Restrepo es irrespetuosa, genera 'caos' y que con esos mismos partidos se aprobaron los proyectos del Gobierno. Los partidos uribistas cerraron ayer filas contra el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien en declaraciones a EL TIEMPO pidió disolver estas organizaciones como parte de la solución a la crisis generada por la 'parapolítica'. Escuche en ampliación de la información entrevista del Presidente del Partido de la U, Senador Carlos García en la W radio.
De entrada, los jefes y los voceros de los uribistas en el Congreso rechazaron de tajo esa posibilidad y exigieron al presidente Uribe que defina si esa es su posición oficial frente a sus aliados.
El presidente de 'la U', Carlos García, afirmó que las palabras del Comisionado crean 'caos'. "No se puede generar tanta confusión", señaló.
Para él, la propuesta de Restrepo implicaría la revocatoria del Congreso y que se pierda el fuero para que la Corte Suprema los investigue.
"Los malos del país no están en el Congreso (...) con esos partidos (que Restrepo critica) se aprobó el TLC, la reforma a transferencias, la de pensiones y la reforma de Ecopetrol", recordó García.
ENTREVISTA SOBRE EL TEMA EN LA W RADIO
martes, 6 de mayo de 2008
PARA UN MERCADO DE CAPITALES MÁS AMPLIO EN COLOMBIA
Abril 23 de 2008
Intervencion en el Simposio de Mercado de capitales, Medellin.
CARLOS GARCÍA ORJUELA Senador de la República y Presidente del Partido Social de Unidad Nacional. Partido de la U.
He tenido la oportunidad de participar durante los últimos años en los debates de legislación económica, quiero referirme a los puntos centrales que nos movieron a trabajar para lograr las reformas que nos permitirán un mercado de capitales más moderno.
En primer lugar, establecer normas claras para un mercado transparente. La discusión fue compleja porque algunos de los actores del mercado de capitales en Colombia preferirían mantener sus prerrogativas aun guardando dudas sobre la transparencia de sus operaciones. Desconocer que el ahorrador privado requiere el acceso a toda clase de información es ir contra la generación de su confianza. Quisimos garantizar que no habrá posibilidad alguna de informaciones ocultas que atenten contra el futuro de este mercado.
En segundo término, acogerse a normas denominadas de Buen Gobierno, las cuales deben ser aceptadas por los emisores de títulos, bonos, acciones y de todo tipo de mercado de valores.
Un tercer aspecto, formalizar la autorregulación, que no sea el Gobierno quien mantenga su intervención para la regulación. Preferiblemente, que exista un solo ente jurídico como autoregulador para potencializar su acción y prestar el mayor servicio.
El último punto, la legitimidad para la gobernabilidad. No pudimos avanzar como sería correcto en el origen de las Juntas Directivas. Se estableció de sólo 5 a 10 miembros y con un porcentaje mínimo de independientes, especializados y con responsabilidades en el desempeño, pero hubiésemos preferido juntas 100% conformadas por independientes de los tenedores de títulos valores.
CARLOS GARCÍA ORJUELA Senador de la República y Presidente del Partido Social de Unidad Nacional. Partido de la U.
He tenido la oportunidad de participar durante los últimos años en los debates de legislación económica, quiero referirme a los puntos centrales que nos movieron a trabajar para lograr las reformas que nos permitirán un mercado de capitales más moderno.
En primer lugar, establecer normas claras para un mercado transparente. La discusión fue compleja porque algunos de los actores del mercado de capitales en Colombia preferirían mantener sus prerrogativas aun guardando dudas sobre la transparencia de sus operaciones. Desconocer que el ahorrador privado requiere el acceso a toda clase de información es ir contra la generación de su confianza. Quisimos garantizar que no habrá posibilidad alguna de informaciones ocultas que atenten contra el futuro de este mercado.
En segundo término, acogerse a normas denominadas de Buen Gobierno, las cuales deben ser aceptadas por los emisores de títulos, bonos, acciones y de todo tipo de mercado de valores.
Un tercer aspecto, formalizar la autorregulación, que no sea el Gobierno quien mantenga su intervención para la regulación. Preferiblemente, que exista un solo ente jurídico como autoregulador para potencializar su acción y prestar el mayor servicio.
El último punto, la legitimidad para la gobernabilidad. No pudimos avanzar como sería correcto en el origen de las Juntas Directivas. Se estableció de sólo 5 a 10 miembros y con un porcentaje mínimo de independientes, especializados y con responsabilidades en el desempeño, pero hubiésemos preferido juntas 100% conformadas por independientes de los tenedores de títulos valores.
LA ESTABILIDAD
Otro tema mencionado, me refiero al pedido principal escuchado en este Foro: el sector privado necesita estabilidad jurídica, que las normas que expida el Gobierno permitan la innovación, creatividad, operación propias para el desarrollo de los mercados sin estar ajustando las evaluaciones a nuevos elementos jurídicos que entorpezcan sus acciones. Garantizar la actividad privada, no ir contra ella, es la clave del éxito en Chile e Irlanda, en esta dirección, también, debería moverse el Congreso de Colombia fortaleciendo los siguientes campos:
La seguridad general. En una sociedad tan compleja como ésta se requieren elementos de seguridad, no simplemente la de los ciudadanos, de movilidad o la de los bienes sino de la seguridad en general.
La estabilidad tributaria, normas bien conocidas, de largo plazo, ecuánimes y justas para que sean aceptadas, simples en su aplicación y fáciles para su control.
La estabilidad macroeconómica, debe ser lo ideal.
La estabilidad macroeconómica deseada no se logrará sí el Congreso de Colombia no hubiese expedido: la Reforma al Sistema de Transferencias; la restructuración de hospitales y la Reforma al Sistema Pensional. Y también las nuevas normas tributarias, por las cuales ampliamos la base de productos gravados y unificamos algunas tasas contributivas simplificando la declaración, facilitando el control a la evasión. Lo sensato habría sido el estudio y aprobación de una Reforma Tributaria Integral incluyendo los tributos locales o territoriales, que son, hoy, un desorden en la gran mayoría de las entidades municipales.
Hemos, entonces, aplazado una necesidad: más recursos de origen territorial, con racionalización de tasas, recaudos únicos y centralizados con la presentación de una sola declaración, independiente de la entidad territorial en donde se localicen los activos inmuebles o comerciales. La poca pericia política del Ministro de Hacienda que pretendió eliminar las exenciones a varios grupos de poder, como las de las cooperativas y los Fondos Privados de Pensiones, el tratamiento especial a las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción, AFC, los beneficios de la retención de salarios, los estímulos tributarios a cultivos de tardío rendimiento, etc., como era obvio, crearon una resistencia mayoritaria a la Reforma. Pero el Estado necesita mayores recaudos para mejorar la infraestructura e invertir en educación de calidad. Políticas que nos permitirían crecer en términos económicos y en bienestar general.
Por último, el Presidente de Asofondos señaló el muro que es necesario derribar para ampliar el mercado de capitales en Colombia, y se refería al déficit fiscal. Trabajamos para disminuirlo. El mejor mensaje que hemos podido dar a la opinión y al mundo financiero, como lo mencioné, fue el Acto Legislativo de Transferencias; ahora avanzamos en el control de la informalidad, mejorando los sistemas de subsidio familiar, de compensación, de bienestar, de aportes a la salud contributiva, y aumentando el número de afiliados al ahorro pensional voluntario.
Las variables de la estabilidad macroeconómica superan la competencia del Congreso y del Gobierno. Son responsabilidad de la Junta Directiva del Banco de la República. Sus aciertos o equivocaciones no tienen ningún control, porque control político sin consecuencias para los actores del ordenamiento y de la gestión oficial no tiene razón de ser. El examen político a los resultados esperados o anunciados de la Junta del Banco de la República no provoca en sus miembros ningún cambio, es sin efectos. En un mundo democrático con sensatez de poderes, quien pierde el debate, renuncia. En Colombia, se aferra a sus propias interpretaciones.
Para entidades como la Superintendencia Financiera, y existiendo la autonomía crediticia y financiera del Banco de la República, conviene una coordinación casi subordinada de la primera para evitar la duplicidad de acciones y/o las medidas tardías que impiden o dañan los negocios. Un encaje y una tasa de interés fijados por uno o por el otro tienen efectos en la estabilidad.
LA CONFIANZA
El Congreso debería debatir mucho más a fondo el principio constitucional del derecho a la información veraz, porque la confianza es la base para el crecimiento económico. Sin crédito ni mercado de capitales no hay inversión y estas dos actividades se fortalecen en la información. El conocimiento de los antecedentes históricos de clientes de servicios financieros, la información exacta de cómo se comportaron sus pagos y sus cumplimientos anteriores simplifica los trámites administrativos, reduce los riesgos y por lo tanto permite bajar las tasas de interés y las exigencias de garantías. Es decir, la información abundante favorece al usuario financiero. Desafortunadamente, estamos observando la forma populista como se quiere legislar sobre el habeas data, que otorgará una amnistía de datos de deudores. Es decir, lo único que vamos a lograr es encarecer los costos administrativos del otorgamiento de un crédito. Quedaríamos, promoviendo una Banca de las Oportunidades, que concede créditos en el curso de tres días por montos de trescientos mil pesos, cuando cualquier microempresario necesita millones para arrancar.
Finalmente, el Gobierno debe acordar con el Congreso y con los gremios económicos el tema de los estímulos, las concesiones de obras públicas y la resolución de conflictos porque éstos configuran el gran espacio para la Ampliación de un Mercado de Capitales. Cuando decidimos establecer estímulos tributarios para sectores productivos inexistentes como el de biocombustibles, cultivos de tardío rendimiento (palma de aceite), turismo y la reinversión de utilidades, confiábamos en el crecimiento del ahorro privado. Si las concesiones se anunciaran con estudios de costos y de riesgo precisos, licencias ambientales, planos exactos del diseño serian financiadas por el mercado de capitales y nos evitaríamos los Tribunales de Arbitramento en los cuales se han convertido casi todas las anunciadas. El Gobierno debería ser mucho más serio y permitir que una comisión reguladora de concesión de infraestructura establezca los parámetros para la matriz del estudio técnico, jurídico, ambiental y financiero de cualquier obra que se dé en concesión. Si esto existiera, pienso que el ahorro público podría entrar en el mercado accionario y autofinanciar mucha infraestructura que el país requiere con urgencia.
Otro tema mencionado, me refiero al pedido principal escuchado en este Foro: el sector privado necesita estabilidad jurídica, que las normas que expida el Gobierno permitan la innovación, creatividad, operación propias para el desarrollo de los mercados sin estar ajustando las evaluaciones a nuevos elementos jurídicos que entorpezcan sus acciones. Garantizar la actividad privada, no ir contra ella, es la clave del éxito en Chile e Irlanda, en esta dirección, también, debería moverse el Congreso de Colombia fortaleciendo los siguientes campos:
La seguridad general. En una sociedad tan compleja como ésta se requieren elementos de seguridad, no simplemente la de los ciudadanos, de movilidad o la de los bienes sino de la seguridad en general.
La estabilidad tributaria, normas bien conocidas, de largo plazo, ecuánimes y justas para que sean aceptadas, simples en su aplicación y fáciles para su control.
La estabilidad macroeconómica, debe ser lo ideal.
La estabilidad macroeconómica deseada no se logrará sí el Congreso de Colombia no hubiese expedido: la Reforma al Sistema de Transferencias; la restructuración de hospitales y la Reforma al Sistema Pensional. Y también las nuevas normas tributarias, por las cuales ampliamos la base de productos gravados y unificamos algunas tasas contributivas simplificando la declaración, facilitando el control a la evasión. Lo sensato habría sido el estudio y aprobación de una Reforma Tributaria Integral incluyendo los tributos locales o territoriales, que son, hoy, un desorden en la gran mayoría de las entidades municipales.
Hemos, entonces, aplazado una necesidad: más recursos de origen territorial, con racionalización de tasas, recaudos únicos y centralizados con la presentación de una sola declaración, independiente de la entidad territorial en donde se localicen los activos inmuebles o comerciales. La poca pericia política del Ministro de Hacienda que pretendió eliminar las exenciones a varios grupos de poder, como las de las cooperativas y los Fondos Privados de Pensiones, el tratamiento especial a las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción, AFC, los beneficios de la retención de salarios, los estímulos tributarios a cultivos de tardío rendimiento, etc., como era obvio, crearon una resistencia mayoritaria a la Reforma. Pero el Estado necesita mayores recaudos para mejorar la infraestructura e invertir en educación de calidad. Políticas que nos permitirían crecer en términos económicos y en bienestar general.
Por último, el Presidente de Asofondos señaló el muro que es necesario derribar para ampliar el mercado de capitales en Colombia, y se refería al déficit fiscal. Trabajamos para disminuirlo. El mejor mensaje que hemos podido dar a la opinión y al mundo financiero, como lo mencioné, fue el Acto Legislativo de Transferencias; ahora avanzamos en el control de la informalidad, mejorando los sistemas de subsidio familiar, de compensación, de bienestar, de aportes a la salud contributiva, y aumentando el número de afiliados al ahorro pensional voluntario.
Las variables de la estabilidad macroeconómica superan la competencia del Congreso y del Gobierno. Son responsabilidad de la Junta Directiva del Banco de la República. Sus aciertos o equivocaciones no tienen ningún control, porque control político sin consecuencias para los actores del ordenamiento y de la gestión oficial no tiene razón de ser. El examen político a los resultados esperados o anunciados de la Junta del Banco de la República no provoca en sus miembros ningún cambio, es sin efectos. En un mundo democrático con sensatez de poderes, quien pierde el debate, renuncia. En Colombia, se aferra a sus propias interpretaciones.
Para entidades como la Superintendencia Financiera, y existiendo la autonomía crediticia y financiera del Banco de la República, conviene una coordinación casi subordinada de la primera para evitar la duplicidad de acciones y/o las medidas tardías que impiden o dañan los negocios. Un encaje y una tasa de interés fijados por uno o por el otro tienen efectos en la estabilidad.
LA CONFIANZA
El Congreso debería debatir mucho más a fondo el principio constitucional del derecho a la información veraz, porque la confianza es la base para el crecimiento económico. Sin crédito ni mercado de capitales no hay inversión y estas dos actividades se fortalecen en la información. El conocimiento de los antecedentes históricos de clientes de servicios financieros, la información exacta de cómo se comportaron sus pagos y sus cumplimientos anteriores simplifica los trámites administrativos, reduce los riesgos y por lo tanto permite bajar las tasas de interés y las exigencias de garantías. Es decir, la información abundante favorece al usuario financiero. Desafortunadamente, estamos observando la forma populista como se quiere legislar sobre el habeas data, que otorgará una amnistía de datos de deudores. Es decir, lo único que vamos a lograr es encarecer los costos administrativos del otorgamiento de un crédito. Quedaríamos, promoviendo una Banca de las Oportunidades, que concede créditos en el curso de tres días por montos de trescientos mil pesos, cuando cualquier microempresario necesita millones para arrancar.
Finalmente, el Gobierno debe acordar con el Congreso y con los gremios económicos el tema de los estímulos, las concesiones de obras públicas y la resolución de conflictos porque éstos configuran el gran espacio para la Ampliación de un Mercado de Capitales. Cuando decidimos establecer estímulos tributarios para sectores productivos inexistentes como el de biocombustibles, cultivos de tardío rendimiento (palma de aceite), turismo y la reinversión de utilidades, confiábamos en el crecimiento del ahorro privado. Si las concesiones se anunciaran con estudios de costos y de riesgo precisos, licencias ambientales, planos exactos del diseño serian financiadas por el mercado de capitales y nos evitaríamos los Tribunales de Arbitramento en los cuales se han convertido casi todas las anunciadas. El Gobierno debería ser mucho más serio y permitir que una comisión reguladora de concesión de infraestructura establezca los parámetros para la matriz del estudio técnico, jurídico, ambiental y financiero de cualquier obra que se dé en concesión. Si esto existiera, pienso que el ahorro público podría entrar en el mercado accionario y autofinanciar mucha infraestructura que el país requiere con urgencia.
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